La Diputación de Zamora ha sido señalada públicamente por el Procurador del Común de Castilla y León tras ocho meses de silencio administrativo ante una queja presentada por una asociación vecinal. El escrito, registrado en octubre de 2024, impugnaba el acuerdo de la Junta Vecinal de Santa Marta de Tera que decretó el cierre del cementerio parroquial.
La institución autonómica ha emitido una resolución contundente en la que exige una respuesta urgente y expresa, denunciando que la Diputación ni siquiera respondió al requerimiento formal que se le envió hace semanas dentro del trámite de investigación.
“El escrito lleva más de ocho meses esperando una contestación”, alerta el Procurador, que califica la actitud de la Diputación como un ejemplo de inacción administrativa inaceptable. Añade que esta falta de respuesta no solo es una mala práctica, sino que deja en situación de indefensión a quienes presentaron la reclamación.
Desde la oficina del Procurador recuerdan que las administraciones están obligadas a responder con agilidad y respeto institucional cuando los ciudadanos presentan quejas o impugnaciones, máxime cuando provienen de colectivos que actúan en nombre de intereses públicos.
En su escrito, el Procurador también admite que puede haber dudas sobre si la Diputación tiene competencia directa para resolver la impugnación. Sin embargo, subraya que en ese caso debería haber remitido la reclamación al órgano competente y haberlo notificado a los interesados, algo que tampoco ha hecho.
La resolución, firmada por Tomás Quintana López, exige que se responda formalmente y sin más dilación a la solicitud vecinal, y que en el futuro la Diputación colabore debidamente con el Procurador del Común en sus investigaciones.
Además, se ha anunciado que esta resolución será publicada en la web de la institución, una vez eliminados los datos personales, como medida de transparencia ante la falta de colaboración de la administración afectada.
