La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha expresado su rechazo frontal a la contestación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre las recientes modificaciones en los servicios de Alta Velocidad en la estación de Sanabria AV. La formación leonesista considera la respuesta ministerial como una muestra clara de desmantelamiento progresivo del transporte público, especialmente en zonas rurales.
En el escrito, fechado el 15 de julio y canalizado a través del Centro de Atención Posventa del Ministerio, se responsabiliza a Renfe Viajeros de las decisiones, alegando que los servicios comerciales (AVE, Avlo y Larga Distancia) no están subvencionados y deben ser “económicamente sostenibles”. Para UPL, este argumento evidencia una mercantilización inadmisible del servicio público.
“El tren no es un negocio, es un derecho básico”, denuncia UPL, que recuerda que la infraestructura del AVE se construyó expropiando terrenos a vecinos “por el bien común”, y ahora se niega a esa misma población el acceso al servicio.
La formación critica que, mientras Renfe recibe fondos públicos para operar líneas deficitarias bajo Obligación de Servicio Público (OSP), estos recursos no se reflejan en un mayor compromiso con los territorios más desfavorecidos. UPL denuncia una “privatización encubierta” del transporte ferroviario en zonas despobladas y exige transparencia por parte del Ministerio.
UPL subraya que los recortes ya están teniendo efectos negativos: profesionales sanitarios y docentes han renunciado a sus puestos en Sanabria ante la falta de transporte, lo que compromete servicios esenciales como la educación o la atención médica. “¿Dejaríamos sin Guardia Civil una carretera por no generar suficientes multas?”, ironiza la formación. “Si Renfe no quiere operar como servicio público, que el Ministerio lo diga abiertamente”.
Desde la UPL se denuncia una política que “favorece a los grandes nodos urbanos y condena al aislamiento a comarcas enteras como Sanabria”. Una estrategia, aseguran, que acrecienta el abandono de la España vaciada y atenta contra la igualdad territorial.
Por ello, UPL hace un llamamiento firme al Gobierno y a Renfe para que reviertan las decisiones adoptadas, restauren las paradas suprimidas y garanticen un transporte digno, asequible y adaptado a las necesidades del medio rural. “Donde no llega la empresa privada, debe estar el Estado. El servicio público debe estar por encima del interés comercial”, concluye el comunicado.
