Unión Progreso y Democracia en Benavente vuelve a poner en valor su modelo de Ordenación del Territorial que aboga por una valiente fusión de municipios y eliminación de las diputaciones provinciales. Recuerda que la fusión de municipios es algo que se lleva haciendo sistemáticamente en Europa desde hace décadas y que es la mejor manera de tener municipios, que son instituciones elegidas democráticamente, con la suficiente capacidad política y económica para prestar responsable y adecuadamente los servicios que los ciudadanos tienen derecho a recibir de un ayuntamiento.
En este sentido, Gerardo Pérez, portavoz de UPyD en Benavente, además de defender el racional modelo que propone su partido señaló la “sinrazón, complejidad y falta de viabilidad del proyecto de la Junta de Castilla y León, fruto de un acuerdo en las Cortes regionales de PP y PSOE. Esto dejará a la postre la gestión de los servicios de Benavente y Los Valles prácticamente en las manos de la Diputación Provincial”.
Para el portavoz magenta en la ciudad de los Condes, sorprende la actitud de los socialistas que ahora se escandalizan de que su partido fijó, junto con el PP en las Cortes, en 20.000 habitantes el mínimo para dejar de ser considerada parte de una zona rural. Con este límite han decidido que Benavente no forme bajo su influencia lo que llaman un Área Funcional Estable, que se reserva para el resto de los núcleos importantes de la región.
Por su parte, José Miguel Mateos Ramos, Responsable de Acción Institucional de UPyD en Castilla y León, señaló que el modelo de la Junta iba a tener muchas dificultades para ser implementado y que habría que ver el encaje que se realizaría para compatibilizarlo con la LRSAL, la llamada Ley Montoro. Para Mateos, ambas leyes sin embargo presentan los mismos defectos que principalmente son: “la falta de valentía para afrontar radicalmente algo como la fusión de municipios que los demás países europeos ya llevan tiempo realizando; el mantenimiento y creación de nuevas estructuras administrativas intermedias, de escaso o nulo control democrático, que incrementaran los costes, disminuirán la mejora en la eficiencia en la prestación de los servicios y en las posibilidades de desarrollo de muchas zonas; el mantenimiento y potenciación de las “mal olientes” diputaciones provinciales”, finalizaba.
