Las ayudas, que cubren hasta el 50 % del coste subvencionable (o 6.000 euros por vivienda en unifamiliares y 3.000 para edificios verticales), están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.
Los beneficiarios deben contar con un límite de rentas que no puede superar cinco veces el IPREM. Del total, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares. Además, el 25 % del presupuesto —637.618 euros— se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, dentro del compromiso de la Junta con el medio rural, donde se realizarán 113 intervenciones.
Todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados, lo que “garantiza un equilibrio territorial” en el reparto de fondos.
Burgos, Valladolid y Soria concentran los mayores importes, con 516.300 euros (81 viviendas), 335.100 euros (55) y 318.000 euros (53), respectivamente.
Le siguen Salamanca (202.632 y 36), León (196.985 euros y 29 viviendas) y Segovia (170.366 euros y 38 viviendas).
Y cierran Zamora, con 102.000 euros (17 viviendas); Ávila, con 93.675 euros (33 viviendas); y Palencia, con 60.000 euros (diez viviendas).
El consejero destacó, en declaraciones recogidas por Ical, que el objetivo de estas ayudas es “la mejora de las viviendas, que tienen por finalidad fomentar la mejora de la accesibilidad, tanto en el ámbito urbano como rural de Castilla y León, facilitando la financiación para la realización de actuaciones en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes, y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva”.
Asimismo, Suárez-Quiñones anunció que la convocatoria de 2025, ya publicada el pasado 24 de octubre, contará con una dotación de 2,08 millones y mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales.
El plazo de obra será de 12 meses para las obras de particulares y 24 para comunidades de vecinos, si bien, añadió el consejero, se podrá prorrogar “si hay dificultades, con una petición y con excepcionalidad”.
Balance
El consejero explicó que la política de rehabilitación de viviendas se completa con las inversiones realizadas en los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyeron a los Áreas de Regeneración Urbana (ARUS) y estas a las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), así como con las ayudas para la eficiencia energética.
En el período 2015-2025, según la Junta, estas políticas han permitido la rehabilitación de más de 37.000 viviendas con una inversión pública de más de 330 millones de euros y una inversión inducida de más de 660 millones de euros, dado que las ayudas públicas cubren solo una parte del coste total.
Una política, matizó el consejero, que “rehabilita viviendas pero también regenera espacios urbanos”.
