Todo aquello que cuenta con un constatado reconocimiento por su buena fama y con una gran acogida entre el público es susceptible de ser falsificado. En este caso le ha tocado el turno a Queso de Rosca Castilla y León. “Ni al mismísimo Galindo, José Luis López Vázquez en la mítica película Atraco a las Tres, se le hubiera ocurrido tal genialidad: Cometer un supuesto delito relativo a la propiedad industrial, ofrecer la copia a un precio superior al original y anunciarlo en internet”, aseguran desde este colectivo.
La alarma saltó cuando la empresa contratada por Queso de Rosca Castilla y León para su vigilancia descubrió, en una inspección rutinaria, una tienda de internet ubicada en Zamora que vendía los supuestos Quesos de Rosca sin sello de garantía y bajo una marca no autorizada. Los hechos se pusieron en conocimiento de la titular de la marca que realizó un pedido a través de un particular, indicando posteriormente a la empresa de transportes que desviara la entrega a la notaría de Aranda de Duero (Burgos), donde se levantó acta del contenido del paquete certificando que los quesos no contenían el sello de garantía amparado por Queso de Rosca Castilla y León.
Además uno de ellos estaba supuestamente aderezado con trufa soriana, algo no permitido en este tradicional queso. También se pudieron constatar deficiencias en el etiquetado tales, como falta de indicación de posibles alérgenos, lo cual podría conllevar la actuación inspectora de la Junta de Castilla y León.
Queso de Rosca Castilla y León es un proyecto que agrupa a queseros de toda la comunidad con el objetivo de recuperar este tradicional producto, por lo que el comerciante descubierto no sólo se expondría a la demanda de la titular de la marca, sino que todos los queseros productores también podrían ejercer acciones legales contra él. Este sistema de acuerdos con queserías de toda Castilla y León confiere a Queso de Rosca una protección óptima ante cualquier intento de plagio de la marca o de su formato. Tras la última reforma del código penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015, los delitos contra la propiedad industrial pueden acarrear penas de hasta seis años de prisión.
El caso se encuentra en manos del servicio jurídico de Queso de Rosca Castilla y León.
