La localidad de Fermoselle ha asistido en la mañana de este miércoles a un amplio despliegue de la Guardia Civil en diferentes partes de la localidad por una investigación centrada José Luis Pascual (56 años), propietario de la Bodega Siete Peldaños y director de AECT DUERO-DOURO, Agrupación Europea de Cooperación Territorial.
Tal y como ha podido saber Zamora24horas, los registros han tenido lugar en la localidad durante esta mañana y se han centrado en la Bodega Siete Peldaños, propiedad de José Luis y su mujer. Los agentes también han procedido al registro de una tienda también con vinculación directa con el detenido.
Los agentes especializados de la Guardia Civil ha centrado los registros en la bodega, propiedad del detenido, con el objetivo de encontrar documentación relacionada con el presunto fraude de subvenciones europeas por el que ha sido detenido.
Estos registros se han producido dentro de una operación que se ha iniciado en Salamanca y se ha procedido a la detención de José Luis Pascual, tal y como ha informado el periódico Salamanca24horas.
Las pesquisas giran en torno a un presunto fraude en la gestión y obtención de ayudas de la Unión Europea que podría alcanzar los tres millones de euros. La extensión de los registros a Fermoselle sugiere que los investigadores tratan de reconstruir una red de actividad económica que trasciende el ámbito político y se adentra en el tejido empresarial local.
Pascual, que fue alcalde de Trabanca (Salamanca) durante tres legislaturas y presidió el sindicato ACAIP-UGT, ya había protagonizado episodios judiciales previos. En 2025 fue condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca por un delito de revelación de secretos, un antecedente que ahora cobra nueva relevancia en el contexto de la investigación actual.
Cabe destacar que en 2022, la carrera de José Luis Pascual sufrió un golpe decisivo con una condena firme de la Audiencia Provincial de Salamanca por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El exalcalde de Trabanca y entonces director de la AECT Duero-Douro, también vinculado al sindicato ACAIP-UGT, fue condenado a un año de prisión, inhabilitación para presentarse a cargos públicos y una multa económica tras acceder sin permiso a archivos privados de un compañero.
No hubo margen para la duda ni para el recurso: la Audiencia ratificó íntegramente la sentencia previa y cerró la vía judicial. Pascual alegó que actuaba en defensa de los intereses del sindicato, pero los tribunales concluyeron lo contrario: su actuación traspasó los límites y vulneró la intimidad de un tercero, dejando ya entonces una sombra persistente sobre su trayectoria pública.
