La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha comunicado que la semana del 14 marzo detuvo a ocho personas como presuntos miembros de una trama que habría estafado mediante cursos virtuales sobre criptomonedas e inversiones de alto riesgo a miles de jóvenes por todo el país, incluidos menores de edad. Los ocho detenidos están acusados de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal.
Según el comunicado, la empresa IM Mastery Academy se encuentra en el epicentro del engaño, que usaba como reclamo para atraer a las víctimas la promesa de obtener grandes ingresos en un corto periodo de tiempo. Fue un trabajo del reportero y youtuber Carles Tamayo el que originó la investigación policial, al poner éste en manos de los agentes toda la documentación de la que disponía después de que un grupo de afectados por la estafa realizara una denuncia colectiva tras contactar con él.
La investigación de Tamayo reveló que las personas implicadas en la estafa captaban a sus potenciales víctimas a través de las redes sociales, pero también las abordaban en parques públicos o eventos presenciales que IM Mastery Academy realizaba en hoteles. Para ello, usaban "técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias", según señala la Policía en su comunicado.
Para aumentar el grado de persuasión, usaban técnicas agresivas como mostrar vidas repletas de lujo con coches de alta gama o vacaciones en lugares paradisíacos, que los integrantes de la trama presumían de haber conseguido gracias a los cursos que ofrecían.
"Desde el primer momento me olió mal, pero en un principio pensé que iba a ser simplemente una estafa más", señala Tamayo en declaraciones a La Marea, quien añade que terminó viendo como "reproducían los comportamientos de una secta comercial". La investigación de este reportero se concretó en una serie de reportajes en su canal de Youtube, donde ponía de relieve la actuación de la trama.
Operación Carcoma
La bautizada como Operación Carcoma de la Policía también ha revelado que algunos de los cursos que ofrecía la empresa sobre inversión en criptomonedas y otros productos financieros de alto riesgo no estaban permitidos en España y la Unión Europea. La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya lanzó una advertencia en 2020 contra la empresa acerca de que no tenía autorización para prestar servicios de tipo financiero.
Aunque por el momento se desconoce el número de afectados, la Policía los sitúa en miles de víctimas: el propio líder de la trama presumía ser responsable de haber captado, de forma directa o indirecta, a más de 2.500 personas. Los denunciantes, en muchos casos, son los propios padres de los afectados. "Los menores no son conscientes de que son víctimas de un engaño y aún creen que pueden ganar mucho dinero", señalan fuentes policiales.
Criptosecta
Los cursos -vídeos grabados previamente con un contenido "de escasa calidad"- tenían una matrícula de 200 euros y, además, un precio mensual de otros 150 euros. Sin embargo, una vez las víctimas hacían estos ingresos, la trama comenzaba a presionar a los afectados para que convencieran a otras personas de su entorno familiar o escolar para que también se apuntaran.
Se iniciaba de esta forma una estafa piramidal, donde la organización les daba instrucciones y guiones para lograr captar a nuevas personas, a los que su vez se instruía para que hicieran lo mismo. En muchos casos, se usaban técnicas propias de sectas, instando a las víctimas a abandonar sus estudios o incluso cortar lazos familiares, dedicándose en exclusividad a la tarea de captación.
"En la fase de embaucamiento, intentaban convencerles para que no contaran nada de los que estaban haciendo a personas más maduras, como sus padres, para evitar que estas detectasen el engaño", señala la Policía. En numerosos casos incluso les invitaban a trasladarse a otras ciudades.
La investigación policial ha podido determinar que IM Mastery Academy es la sucesora de otra empresa, Imarketslive, sobre cuyas actividades habían recaído advertencias de la CNMV y otros organismos de control europeos en 2018. El cambio de denominación, según señala la Policía, pretendía impedir que las víctimas pudieran vincular el nombre de la empresa con una estafa.
