Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la operación ‘Pandora’, con actuaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Como resultado, se ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27.503.000 euros.
Un caso notable se produjo en la provincia de Zamora. La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal al que se le imputó un delito contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y el propio de grupo organizado en relación con las maniobras llevadas a cabo sobre un grupo empresarial que sistemáticamente eludía el pago de seguros sociales a la Seguridad Social.
Todas las sociedades investigadas estaban encuadradas en el sector de la madera y/o la silvicultura, desarrollándola en el mismo local. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima, la misma maquinaria, etc.
Llama la atención que uno de los administradores únicos detenidos ha defraudado durante 37 años un total de 1.026.153,47 euros a la Tesorería General. Entre los años 1995 y 2018 (23 años), no abonó las deudas generadas con la Seguridad Social por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ni las deudas generadas desde el año 2001 hasta el 2014 (14 años) por la razón social a su nombre. Esta persona ya fue detenida en el año 2006 por un delito de insolvencia punible cuando formaba parte de un grupo de empresas dedicadas a la hostelería.
A partir del año 2007, los tres administradores se unieron para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar a la Seguridad Social, para lo que crearon una serie de empresas dedicadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la silvicultura.
Así, el líder del grupo sería el encargado de conseguir los proveedores y los clientes mientras que otro, titular de la asesoría autorizada RED, se encargaba de la parte administrativa. Un tercero puso a disposición del grupo la nave en la que desarrolló la actividad, encargándose además de controlar a los trabajadores y de supervisar el buen desarrollo de la actividad laboral llevada a cabo por los trabajos en la cadena de montaje.
El grupo empresarial y el resto de empresas investigadas han mantenido durante el tiempo de actividad un total de 349 trabajadores, detectándose un fraude a la Seguridad Social por importe de 3.176.139,51 euros.
