La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan a siete personas por su presunta implicación en una estafa continuada mediante falsas inversiones financieras que habría provocado un perjuicio económico cercano al millón de euros a 58 víctimas, entre ellas vecinos de Zamora, además de Ávila, Madrid, Cantabria y Barcelona.
La investigación comenzó tras una querella presentada en la provincia de Ávila por varias personas que denunciaron haber perdido alrededor de 30.000 euros en una supuesta inversión financiera. A partir de ese momento, las pesquisas permitieron destapar un entramado empresarial que, presuntamente, ofrecía productos de inversión de nueva creación prometiendo altas rentabilidades en un corto periodo de tiempo.
Sin embargo, según los investigadores, el dinero aportado por los clientes no se destinaba a las inversiones anunciadas, sino que era transferido a cuentas bancarias vinculadas a los investigados. Posteriormente, parte de esos fondos habría sido convertida en criptoactivos mediante operaciones destinadas a dificultar el seguimiento del dinero y favorecer su presunto blanqueo.
Las investigaciones han permitido identificar hasta el momento 58 afectados en las provincias de Zamora, Ávila, Madrid, Cantabria y Barcelona, con un perjuicio económico global que roza el millón de euros.
Según la investigación, los responsables del entramado habrían creado una empresa con apariencia de legalidad para captar inversores. Contaban con una oficina abierta al público, una red de comerciales, una página web y una aplicación móvil que simulaba la evolución de las supuestas inversiones, reforzando la credibilidad del proyecto.
Además, utilizaban su inclusión en un registro administrativo del Banco de España para transmitir una falsa imagen de solvencia y supervisión oficial, induciendo a los clientes a creer que la actividad estaba plenamente regulada.
Como resultado de la operación, se investiga a siete personas por un presunto delito continuado de estafa, mientras que una sociedad mercantil está siendo investigada por su supuesta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, delitos contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda Pública.
Las diligencias continúan abiertas y los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas en los próximos meses.
