El juicio contra los tres acusados de asesinar a un hombre en el año 2019 y arrojarlo al río Tera, donde posteriormente fue descubierto el cadáver, ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Zamora con la selección del jurado popular que será compuesto por nueve zamoranos y zamoranas y los alegatos iniciales de las partes.
El abogado de la acusación, Miguel Ángel Martín Anero, ha resaltado que pide la prisión permanente revisable, “lo máximo que se puede pedir”, para los tres acusados, ya que entiende que ha habido dos autores directos, la mujer y uno de los varones, y el otro era una coartada para decir o figurar dónde estaban, pero tenía conocimiento absoluto de todo lo que se iba a hacer, mientras que la Fiscalía pide 25 años de prisión para cada uno de ellos y los abogados de la defensa, que no han querido ofrecer declaraciones, solicitan la libre absolución.
“Es un asesinato claro, al menos para nosotros, una persona que lo hizo con premeditación y por un móvil económico, por quedarse con el dinero que tenía en las cuentas el fallecido, de hecho, ha estado unos años cobrando una de las sospechosas las pensiones que recibía el fallecido, y luego en colaboración con las otras dos personas. Uno se echa la culpa a uno, otro se echa la culpa a otro”, ha resaltado Martín Anero, quien además señala que también hay una alevosía: “Este señor no tuvo posibilidad de defensa ninguna, porque parece que lo durmieron y lo ahogaron en el río, además le tenían maniatado con cinta americana, le metieron un saco de cal viva y allí lo dejaron enterrado y hasta que apareció”.
Así mismo, el abogado de la acusación ha resaltado la importante labor de la Guardia Civil para llegar a dar con los presuntos responsables, ya que fueron localizados cuatro años después de los hechos. “Fijaros la angustia que tuvo que pasar mi clienta, que es la hija del fallecido, porque no sabía nada de su padre durante tanto tiempo, o sea, aparte de todo lo que ha sufrido”, ha destacado el abogado.
LOS HECHOS
Cabe recordar que el hallazgo del cadáver perteneciente a un septuagenario en la zona del río Tera, a escasos metros de la desembocadura del Lago de Sanabria en el paraje conocido como Pozo Muerto, se produjo el 27 de diciembre de 2019.
Fue cuatro años después, tras una larga investigación internacional, cuando la Guardia Civil y la Policía Judicíaria de Portugal detuvieron a tres ciudadanos portugueses, dos hombres y una mujer, por su presunta implicación en el asesinato de un hombre de 70 años de la misma nacionalidad.
El hombre de edad avanzada, delgado y de mediana estatura no portaba documentación ni efectos en su vestimenta que permitieran su identificación o que arrojaran alguna pista sobre su procedencia. De hecho, lo único que se encontró fue un paquete de tabaco marca ‘Handelsgold’. Tampoco se halló ningún vehículo estacionado o abandonado en las inmediaciones.
Por todo ello, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil tomó muestras de ADN requiriendo la cooperación del resto de cuerpos policiales para su identificación. No fue hasta julio de 2020, -siete meses después de la confirmación de la muerte por asfixia por sumersión-, cuando las autoridades policiales de Reino Unido confirmaron la identidad del fallecido que contaba con antecedentes policiales en su sistema.
La Guardia Civil dirigió entonces la investigación al entorno personal y social de la víctima en la localidad de Verín (Ourense) donde residía. Los investigadores confirmaron la relación del fallecido con personas con antecedentes policiales y penales por delitos violentos o contra la salud pública. Éstos aseguraron que había desaparecido en la localidad portuguesa de Chaves a primeros de mes de diciembre de 2019, un mes antes de su hallazgo.
La investigación se centró entonces en la persona que se encargaba de los cuidados del fallecido en Verín y de su compañero de piso. Es más, los agentes de la Guardia Civil descubrieron que la víctima tenía cuentas bancarias en común con la acusada en Portugal, por lo que se establecieron mecanismos de coordinación con la Polícia Judicíaria de ese país. Es en ese momento cuando se descubrió la posible implicación de otra tercera persona que presuntamente mantenía una relación sentimental con la detenida.
Tras las muestras recabadas en dos vehículos propiedad de los investigados en la localidad de Chaves, y después de los registros en varios domicilios en la misma localidad portuguesa y de Vidago, la Policía Judicíaria detuvo a estas tres personas imputadas por su grado de implicación en el asesinato el 22 de diciembre de 2023, quienes fueron extraditadas y trasladadas a la prisión de A Ama (Pontevedra), donde han permanecido hasta ahora.
El juicio continuará el próximo lunes 20 de octubre ya con el jurado constituido y se iniciará la prueba, prolongándose inicialmente hasta el jueves 23 de octubre, si bien está previsto que finalice el lunes 27 de octubre.
En el siguiente vídeo se pueden ver las imágenes de la detención en 2023:
