La Coordinadora de Pueblos Vivos de Zamora ha mantenido una reunión en la mañana del lunes con el delegado territorial de Zamora, Alberto Castro, para presentar sus quejas sobre la gestión que se está llevando a cabo sobre los residuos orgánicos que provocan las macrogranjas instaladas en la provincia.

Igualmente se reclama que se amplíe el plazo para solicitar la ayuda del Plan Renove y que el mismo se abra a otro tipo de maquinaria, al quedar aun disponible en torno al 50% de los fondos comprometidos.

Consideran que el presupuesto es “irrisorio” para la ayuda de renovación de maquinaria agrícola en 2018. Piden al Ministerio que aclare cuanto antes sus intenciones que evite inversiones innecesarias de los profesionales agrarios.

A juicio de la Alianza, los actos de protesta de UPA-COAG del mes de enero han logrado que el Gobierno regional modifique el borrador consiguiendo un año de moratoria en la aplicación de la norma, pero los cambios no eliminan las severas restricciones a la que se ven sometidos los agricultores y ganaderos de Castilla y León.

Se trata, de esta manera, de posibilitar el acondicionamiento de la maquinaria de aplicación de purines a las tierras agrícolas, que en su mayoría disponen de sistemas de esparcido no localizado (plato, abanico o cañones), al Real Decreto 980/2017 que añade dos nuevos requisitos de condicionalidad sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales relativas al mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo y obliga a enterrar el estiércol a través de técnicas de inyección o bandas.

La Alianza UPA-COAG presenta una batería de alegaciones para eliminar las restricciones en la aplicación de purín y estiércol en superficies agrícolas. 

La organización agraria ha comunicado su desacuerdo con las nuevas restricciones impuestas alegando que “es imposible su cumplimiento en determinadas circunstancias”.

Ambos sindicatos agrarios solicitan a la Junta de Castilla y León la prórroga de la entrada en vigor de la normativa hasta los tres años para que los ganaderos y agricultores puedan adaptarse al nuevo sistema. 

La Alianza ha remitido una carta a la consejera de Agricultura recordando que el MAPAMA está estableciendo obligaciones que van más allá de lo establecido por la reglamentación europea, por lo que piden al Gobierno regional su máxima implicación para impedir que los agricultores y ganaderos de Castilla y León se vean perjudicados.

COAG ha solicitado al Gobierno que el tiempo que las instalaciones han permanecido cerradas no se compute dentro del plazo finalmente restablecido.