domingo. 19.08.2018 |
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La Junta recupera las cuantías de las prestaciones para cuidados a personas dependientes en el entorno familiar

La Junta recupera las cuantías de las prestaciones para cuidados a personas dependientes en el entorno familiar

En el acto de bienvenida a los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que se incorporan a la Junta fruto de la primera convocatoria específica en esta materia, el CERMI ha propuesto a los municipios con superávit de la Comunidad que destinen el 10% del mismo a mejorar la accesibilidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha dado este viernes la bienvenida a los cinco primeros trabajadores con discapacidad intelectual que prestarán sus servicios en la Administración autonómica como laborales fijos, fruto de la primera convocatoria específica en este sentido convocada por la Junta y fruto también del Convenio firmado con el CERMI en 2010. En este acto, el presidente Herrera ha anunciado que la Junta va a recuperar las cuantías que Castilla y León se vio obligada a reducir durante la crisis en la prestación de cuidados en el entorno familiar.

En julio de 2012, se alcanzó un acuerdo con el CERMI por el que, para hacer frente a los problemas económicos que sufría en ese momento España y, con el fin de preservar el mayor número de empleos posible, además de las fijadas por el Gobierno de España se tomaron, entre otras medidas complementarias, las de aumentar en un 20% las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema de Dependencia para los grados III y I y el 75% para el grado II y la de reducir un 15 % las cuantías de los cuidados en el entorno familiar.

Este viernes, ya en un contexto de recuperación económica, Herrera ha anunciado que, con carácter inmediato, la Junta recuperará el 70% de ese 15% que se redujo en 2012, con la intención de restaurar el resto el año que viene, siempre que las circunstancia económicas y presupuestarias lo permitan, todo ello sin merma de las cuantías que se incrementaron en su momento para la prestación de servicios profesionales. Esta medida beneficiará a las 24.000 personas que reciben esta prestación y significará ya en 2018 un aumento del gasto para prestación de cuidados en el entorno familiar por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que rondará los cinco millones de euros.

Además, a través de la colaboración con el CERMI, la Junta ha promovido otras medidas como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de Castilla y León; el Protocolo, de abril de 2015, para impulsar el Modelo de mejora para la atención a las personas con discapacidad en Castilla y León, que tiene como idea básica la atención centrada en la persona y fomenta la figura del asistente personal; el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad en Castilla y León, 2016/2020, dotado con 752 millones de euros; el desarrollo de programas para la atención a las personas con discapacidad y la constitución de la Sección de Atención a Personas con Discapacidad del Consejo de Servicios Sociales.

CERMI propone a los municipios con superávit de la Comunidad que destinen el 10% a mejorar la accesibilidad

Por su parte el CERMI ha propuesto a los ayuntamientos de Castilla y León, cuyas cuentas al cierre de 2017 han terminado con superávit, que destinen un 10% de ese dinero a impulsar planes de mejora de la accesibilidad universal en sus municipios, con el fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad.

Precisamente, el CERMI Estatal puso sobre la mesa esta reivindicación el pasado mes de marzo, una vez que el Consejo de Ministros autorizó a las corporaciones locales a invertir parte de su superávit en fines sociales, tal y como pedía la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La entidad anunció, además, que los CERMIS Autonómicos harían llegar la demanda de destinar un 10 % del superávit a las diferentes corporaciones locales.

CERMI Castilla y León es consciente de que pese a los innegables avances que se han logrado en materia de accesibilidad universal en los últimos años, queda todavía mucho por hacer y, sin duda, estamos ante una oportunidad relevante para dar un nuevo impulso a la accesibilidad universal.

Finalmente, la plataforma representativa de la discapacidad organizada en Castilla y León ha recordado que el pasado 4 de diciembre concluyó el plazo legal que el Estado español se dio en 2003 para que todos los bienes, entornos, productos y servicios de interés fueran accesibles, un mandato legal que claramente se ha incumplido.

La Junta cuenta con cinco nuevos empleados con discapacidad intelectual

El empleo de las personas con discapacidad es una prioridad para la Junta de Castilla y León y por ello ha puesto en marcha una política de empleo que favorece su incorporación al mercado laboral, tanto en el ámbito privado como en el público. Es precisamente en la Administración autonómica donde se ha producido esa primera incorporación, fruto del convenio que la Junta firmó con el CERMI a finales de 2010 para sacar una convocatoria específica para personas con determinadas discapacidades.

Así, tras la convocatoria publicada el pasado año en el BOCyL para cubrir cinco plazas de personal laboral fijo para personas que acreditasen discapacidad intelectual, estas personas se han incorporado a sus puestos de trabajo. Los trabajadores, cuatro mujeres y un hombre, prestarán sus servicios en los CAMP de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora y en la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.

Estas incorporaciones se dan tras una fase de trabajo y apoyo con estas personas ya que, una vez superado el proceso selectivo, han contado con un proceso de acogida y acompañamiento por parte de los técnicos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para facilitar la incorporación, la integración y el desarrollo de sus funciones. Este proceso tiene una serie de fases como la preparación previa, en la que se identifican los integrantes del círculo de apoyo al trabajador; el análisis del puesto, con la descripción de tareas, habilidades, etc.; la acogida; el seguimiento con evaluación del trabajador, el responsable del centro y resto de compañeros y la gestión de apoyos para la vida independiente.

La Junta va a dar continuidad a esta iniciativa, con una nueva convocatoria similar a esta en septiembre, en la que se ofertarán doce plazas. Además, los aspirantes que no sacaron plaza en esta ocasión, pasan a formar parte de una nueva bolsa de empleo para plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual.

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