viernes. 19.07.2019 |
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El CRACYL y el TSJCYL exigen la puesta en marcha de una oficina a víctimas de delitos en los juzgados de Zamora

El CRACYL y el TSJCYL exigen la puesta en marcha de una oficina a víctimas de delitos en los juzgados de Zamora
El CRACYL y el TSJCYL exigen la puesta en marcha de una oficina a víctimas de delitos en los juzgados de Zamora

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León aprobó en el último pleno sumarse a la petición del Tribunal Superior de Justicia de exigir este servicio al Ministerio. La demanda de ambas instituciones incluye la incorporación de un psicólogo y un trabajador social, así como la intervención de la abogacía de CyL en su creación.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), Julio Sanz Orejudo, y el presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, celebrarán en las próximas horas una reunión en el Ministerio de Justicia con el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, y con el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, para exigir la instalación en cada oficina judicial de la Comunidad de una ‘Oficina de atención a las víctimas de delito’, compuestas por un psicólogo y un trabajador social.

La creación de las ‘Oficinas de Atención a las Víctimas de delito’ __ de conformidad a la LO 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima__ está prevista desde hace tres años y medio, pero no cuentan con partida presupuestaria ni apoyo por parte del Ministerio de Justicia. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León aprobó en el último pleno sumarse formalmente a la petición del Tribunal Superior de Justicia de exigir este servicio al Ministerio.

De acuerdo con la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, estas oficinas deben estar compuestas por un equipo multidisciplinar que desempeñe la atención a la víctima con carácter público y gratuito.

El TSJCyL ya ha destinado unas dependencias con los medios materiales que exige la ley, como un circuito de videoconferencia para que la víctima pueda declarar sin tener contacto con el acusado, pero a la oficina de atención a la víctima le faltan medios humanos que establece la ley, como el apoyo de un psicólogo y un trabajador social, y un convenio con alguna organización que procure el mecanismo de la justicia restaurativa que prevé la ley de 2015.

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