CERMI pide que no se concedan ayudas públicas a las empresas que no contraten a un mínimo de personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Parlamento una modificación de la Ley General de Subvenciones para que no se conceda ninguna ayuda a las empresas que no cumplan con la cuota mínima legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, fijada en el dos por ciento.

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Así, CERMI ha enviado una propuesta a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado en la que incide en que cualquier ayuda pública "debería estar condicionada" a que la empresa acredite el cumplimiento de la obligación de reserva de empleo en los términos recogidos en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, según ha informado.

La organización también plantea en este documento que otro de los motivos para no poder recibir ayudas de las administraciones públicas sea el haber sido sancionado en sede administrativa por infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley General de Discapacidad.

Asimismo, reclama que se introduzca como motivo de exclusión de la posibilidad de recibir subvenciones haber sido sancionados en sede administrativa por infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social.

En este sentido, la propuesta considera "una burla a las leyes" que sujetos, personas físicas o jurídicas que han sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa obtengan beneficios o subvenciones como "premio".

El documento recuerda que en la Ley Reguladora del Derecho de Asociación se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquellas entidades "que promuevan el odio o la violencia", con base en la sanción penal de éstas conductas.

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