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COAG avisa de que los ayuntamientos carecen de competencias para regular sobre purines y estiércoles

Un Informe jurídico elaborado por COAG-CyL determina que las Ordenanzas Reguladoras del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero, algunas en fase de información pública y otras ya de aprobación definitiva, invaden competencias que corresponden al Estado o a las Comunidades Autónomas, y muchas de las disposiciones que contienen contradicen y vulneran la ya exigente legislación sectorial de aplicación, siendo por tanto las mismas nulas de pleno derecho.

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El informe elaborado por el Servicio Jurídico de COAG-Castillay León es muy concluyente al afirmar que las distintas Ordenanzas municipales reguladorasdel vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de origen ganadero, invadendiferentes ámbitos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Según COAG, ntre otras normas que vulneran las ordenanzas seencontrarían en: la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados; elReglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento y del Consejo de 3 de octubre de2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a lossubproductos animales no destinados al consumo humano; el Real Decreto324/2000, de 3 de marzo, por la que se establecen normas básicas de ordenaciónde las explotaciones porcinas; el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 denoviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevenciónambiental de Castilla y León; y el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el quese determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades oinstalaciones ganaderas de Castilla y León. Existe igualmente normativa sobrela condicionalidad de las ayudas de la PAC que regula aspectos concretos de laaplicación de los purines y estiércoles.

A su vez, esta extralimitación competencial está avalada pordiferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,como la dictada en el recurso nº 731/2016, que anuló una ordenanza municipalsobre explotaciones apícolas, y que concluyó que “no existe ningún títulocompetencial sectorial que permita o justifique el dictado de la ordenanzaimpugnada”.

La Junta de Castilla y León está obligada a actuar

COAG reclama cordura y sentido común a los regidoresmunicipales para que paralicen de inmediato la tramitación de aquellasOrdenanzas sometidas actualmente a información pública y deroguen aquellasotras ya de aprobación definitiva, porque van más allá del ámbito competencialque les corresponde, además de que contravienen o vulneran la legislación derango superior ya existente al respecto. Eso evitará muchos problemas a losganaderos, así como innumerables reclamaciones y recursos en los Juzgados paralos ayuntamientos. En ausencia de lo anterior, la Junta debe impugnar lasOrdenanzas e imponer orden en los consistorios municipales para salvaguardar supropio ámbito competencial.

Son varios los municipios de diferentes provincias de losque COAG-CyL tiene conocimiento que están en diferentes fases de elaboración yaprobación de este tipo de Ordenanzas, todas ellas inspiradas en un afán derestringir y condicionar la actividad ganadera. Se imponen requisitos casiimposibles de compaginar con el desarrollo de las actividades propias de unaexplotación (¿cómo se puede saber con semanas de antelación la hora exacta enque vas a hacer una labor en una parcela concreta?); gravándolas con nuevos“impuestos” en un contexto de crisis de precios de los productos ganaderos; conla exigencia de condiciones que van mucho más allá de las que ya tienen por lasnormativas generales y sectoriales que les son de aplicación, etc. 

En este sentido, desde COAG CyL no podemos comprender como endichas Ordenanzas se pueden establecer prohibiciones tales como el vertido depurines en el término municipal, cuando procedan de explotaciones ganaderasubicadas en otros términos municipales, o como puede prohibirse la circulaciónde vehículos por caminos o vías públicas del municipio cuando transportenpurines originados fuera del municipio. Esta exclusión absoluta afecta a lascompetencias de otras Administraciones, limita la gestión de otros municipios,e incurre en una total arbitrariedad, por cuanto no es la procedencia de lospurines y estiércoles lo que determina la adecuada gestión de los mismos.

COAG-Castilla y León no quiere contribuir a demonizar a ningúncolectivo, pero parece existir en determinados ámbitos un rechazo cada vezmenos disimulado hacia la ganadería, a la que consideran molesta y acusan deser fuente de innumerables problemas. Es muy indicativo de lo anterior que algunade estas Ordenanzas se inicie con la siguiente frase: “Actualmente se estáviviendo una oleada de actividades que acarrean un vertido a nuestros terrenosde purines ganaderos (…)”. Oleada de actividades… así se refieren a laganadería, ocupación ancestral desarrollada durante siglos en nuestros pueblos.

COAG-Castilla y León actuará a todos los niveles que seannecesarios para defender el interés general de ganaderos y agricultores,quienes tienen que continuar con el desarrollo normal de su actividad paragarantizar vida y riqueza en nuestro medio rural, frente a los que solo quieren“pueblos para los fines de semana”.

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