El pasado mes de febrero Bruselas abría un expediente sancionador a España por no remitir en plazo los datos actualizados de la situación del lobo ibérico en el país.
Tras la negativa del Ministerio por “criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica" varias comunidades celebraron una reunión sobre la gestión del lobo. Concretamente País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid, Cantabria y Castilla y León. Estas siete comunidades autónomas enviaron una carta con el informe de conservación “favorable” del lobo en España a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall.
La situación favorable del cánido permitiría a las comunidades autónomas gestionar el animal en todo el territorio mediante planes de conservación y gestión.
Por otro lado, la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), que ya había avisado del incumplimiento del Gobierno, eleva ahora la queja al Defensor del Pueblo europeo y culpa al Ministerio de Transición Ecológica de “falta de transparencia y ocultación de datos oficiales en perjuicio a los ganaderos”.
En Castilla y León, según la estadística oficial de evolución 2019-2024, en 2024 se registran 3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas, lo que supone un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores siendo Segovia y Ávila las provincias más afectadas.
