El pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Zamora ha estado, de nuevo, protagonizado por las protestas de los funcionarios de la Casa de las Panaderas, en un clima de tensión que ya no responde a un episodio puntual, sino a un conflicto laboral enquistado.
Estas protestas, que en su origen estuvieron lideradas por Policía Local y Bomberos, han ido sumando en los últimos meses a trabajadores de otras áreas, reflejando un malestar cada vez más extendido en la plantilla municipal.
Alrededor de un centenar de funcionarios se han personado en la sesión plenaria de este jueves para exigir respuestas por parte de la concejala de Personal, Laura Rivera. Lo han hecho entre pancartas y consignas que evidencian el hartazgo acumulado: “Octubre llegó, noviembre cayó, diciembre pasó y en abril… Laura las noches no pagó” o “Caja saneada, gente mal pagada”, en referencia a las demoras en el cobro de horas extraordinarias.
Sin embargo, el conflicto va mucho más allá de los retrasos en los pagos. La Junta de Personal —con el respaldo mayoritario de los sindicatos S.P.P.M. CyL., CSIF y CC.OO.— ha denunciado el inicio de movilizaciones ante una situación de “bloqueo administrativo, falta de transparencia e incumplimiento sostenido de acuerdos” por parte de la Concejalía de Personal.
Según los representantes sindicales, no se trata de un problema aislado, sino de una disfunción estructural que afecta tanto a los derechos de los empleados como al propio funcionamiento del Ayuntamiento, con expedientes acumulados y un uso reiterado del silencio administrativo.
Entre las principales reclamaciones destacan las deficiencias en la negociación colectiva, como la inexistencia de actas de sesiones clave de la Mesa General de Negociación —lo que compromete la seguridad jurídica—, así como el retraso en la aplicación de acuerdos fundamentales adoptados en junio de 2025, como la implantación de la Carrera Profesional o la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
A ello se suma la falta de respuesta a la propuesta de modificación del Acuerdo Regulador de 2010, registrada hace más de un año, y la exigencia de medidas urgentes para revertir el colapso del Departamento de Personal.
En este contexto, la concejala Laura Rivera ha insistido durante el pleno en que se mantiene “abierta al diálogo”, una postura que ha sido recibida con escepticismo —cuando no con abierta protesta— por parte de los trabajadores presentes.
El momento de mayor tensión ha llegado en el turno de ruegos y preguntas, cuando el portavoz de VOX, Javier Eguaras, ha lanzado una pregunta directa: “Si hay algún trabajador con el que el Consistorio no tenga un enfrentamiento abierto”. Tras unos instantes de duda, ha sido el alcalde, Francisco Guarido, quien ha tomado la palabra.
“La entiendo como una pregunta retórica por lo que no va a tener contestación”, ha respondido el primer edil, desatando el enfado inmediato de los funcionarios, que han abucheado y silbado con fuerza desde la bancada del público.
En medio de la tensión, Guarido ha añadido: “Ya os lo he dicho muchas veces, no os preocupéis que vendrá VOX y os dará todos los derechos”, abriéndose paso entre las protestas y cerrando así un nuevo capítulo en un conflicto que, para los trabajadores, sigue marcado por un diálogo “inexistente” y una actitud “incomprensible” por parte del área de Personal.
