La Consejería de Agricultura de la Junta reconocerá a las organizaciones profesionales agrarias su papel cooperador para tareas de divulgación, estudios, formación, encuestas, seguros agrarios, tramitación de expedientes y registros administrativos, tras su regulación como “entidades colaboradoras”. El departamento que dirige Gerardo Dueñas cuenta ya con un proyecto de decreto, al que tuvo acceso Ical, que desarrolla la Ley Agraria, para su reconocimiento con esta figura.
El decreto, estructurado en ocho artículos, una disposición transitoria y dos finales, defiende la “importancia” de la intervención de las opas en la “defensa, auxilio y fomento” de los intereses profesionales del sector agrario. Asimismo, destaca que es necesario que las opas que “contribuyan de manera significativa y cualificada” en la implantación de la PAC “vean reconocida su condición como entidades colaboradoras” y así “la administración pueda prestarles un apoyo institucional eficaz que responda a la labor que efectivamente realizan”.
Los requisitos para la obtención de la condición de entidad colaboradora pasan por que la opa haya logrado el reconocimiento como la más representativa de la Comunidad, o bien en el ámbito provincial, en cuyo caso quedará circunscrito a la provincia correspondiente. Además, deberán disponer de servicios de formación y asesoramiento.
El plazo máximo para resolver la solicitud tras su petición será de tres meses, con un sistema de silencio administrativo positivo. Los mecanismos de colaboración se instrumentarán “esencialmente” a través de la suscripción de convenios.
En este sentido, el proyecto de decreto recuerda que el nuevo modelo de gobernanza de la PAC “ha exigido un esfuerzo extraordinario de implicación y trabajo por parte de las organizaciones profesionales agrarias desde los primeros meses de este año 2023”. “Todo ello conlleva que su trabajo y esfuerzo se haya visto multiplicado exponencialmente” en colaboración, asesoramiento y formación, indica, por lo que en la disposición transitoria se señala que esta labor podrá ser contemplada en el primer convenio que se suscriba con cada entidad.
En cuanto a las funciones de las futuras entidades colaboradoras se precisa realizar actividades de divulgación e información; cooperar en la tramitación de expedientes o realizar actuaciones en materia de registros administrativos; servir de cauce para cumplimentación de encuestas; elaborar estudios; asesorar en la suscripción de seguros; formación; y editar y publicar libros o revistas.
Un reconocimiento a su labor
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, remarcó, en declaraciones a Ical, que esta figura de entidad colaboradora está recogida en la ley agraria de 2014, y llevaban exigiendo su desarrollo desde su aprobación. El dirigente agrario dio la bienvenida al proyecto elaborado y deseó que “por fin se apruebe y se desarrolle”.
Donaciano Dujo incidió en que no quieren “ni más ni menos” que se “reconozca” la labor que desarrollan y quiso dejar claro que “no es una cuestión económica o de hacer más o menos”. Al respecto, recordó que ya mantiene una interlocución directa con la consejería y cuentan con una subvención directa, que se mantiene, aunque con un recorte del 30 por ciento; tramitan las solicitudes de PAC, las incorporaciones, los seguros, curso o planes de mejora, es decir, “somos colaboradores de la Administración en toda la burocracia que existe y lo que pedimos es que se refleje en una orden”. “Lo que hacemos que se recoja en una orden y luego podamos desarrollar lo que sea a través de los convenios que sean necesarios”, concluyó.
