El sindicato de veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) solicita una reunión urgente con la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, para expresarle su preocupación al respecto de las medidas anunciadas “de flexibilización y autonomía para los ganaderos frente a la tuberculosis bovina” el pasado 31 de marzo en la reunión mantenida entre representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y colectivos de ganaderos, especialmente de Salamanca.
En un comunicado, el sindicato veterinario señaló que la Comunidad puede “tirar por la borda” todo el trabajo de muchos años por flexibilizar las medidas ya que seis de las nueve provincias tienen una prevalencia inferior al uno por ciento. Insistió en que las actuaciones aplicadas hasta ahora han logrado un “éxito” porque la enfermedad ha disminuido hasta que el año pasado cambió el equipo directivo de la Junta.
De esta forma, cuestionó que el consejero y la directora general asuman que tienen “poca capacidad de maniobra” para luchar contra la enfermedad y presentan una batería de medidas, que desconocen si están consensuadas con las Secciones de Sanidad y Producción Animal y Unidades Veterinarias de los servicios territoriales provinciales. Entre ellas figura la de autorizar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), veterinarios de cooperativas, en definitiva, a todos los veterinarios libres, llevar a cabo la realización de las pruebas de movimiento de animales.
El sindicato remarcó que es una medida “controvertida”, además de “ambigua”, porque no aclara a su juicio si es extensiva a todos los desplazamientos de animales incluidos los movimientos para vida o si únicamente se va a ceñir a los movimientos de terneros con destino a cebadero. “En todo caso esto es la plasmación del escaso aprecio que este equipo viene mostrando a los Servicios Veterinarios Oficiales desde que tomó las riendas de la Consejería”, indicaron.
Por ello, le recordaron a la Junta que uno de los principios rectores de la función pública es la “inamovilidad en la relación de servicio y en el desempeño de las funciones, como garantía de la independencia en la prestación de servicios” y que los empleados públicos actuarán conforme a los valores de integridad y ética profesional, neutralidad e imparcialidad conforme viene establecido en la Ley de Función Pública de Castilla y León.
“Gracias a estos valores éticos y a la profesionalidad de los veterinarios oficiales, Castilla y León ha sido un referente en las políticas de Sanidad Animal llevadas a cabo en España, alcanzando un estatus sanitario que ha permitido a los ganaderos de Castilla y León poder acceder a los mercados nacionales e internacionales en unas condiciones óptimas”, indicaron.
“Nos preocupa que, con esta medida anunciada el pasado 31 de marzo se inicie un debilitamiento, por no decir desmantelamiento, de la Sanidad Animal Pública en la Consejería del que sin duda, los mayores perjudicados serán los propios ganaderos que hasta ahora, han podido acceder a un sistema profesionalizado, independiente e imparcial”, añadieron.
Por ello, exigieron que todos los foros y reuniones de trabajo sobre temas de tanta importancia como son los programas de erradicación de enfermedades, cuenten con los Servicios Veterinarios Oficiales que, hasta ahora, han sido una de las grandes fortalezas de la sanidad animal castellana y leonesa. Además de criticar la campaña contra ellos, pidieron a la Junta que abandonen los “mensajes populistas” que advirtieron le están haciendo “un flaco favor” a los ganaderos y retomen el camino del “rigor técnico y profesional”.
