La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León reclamó a la Junta una nueva normativa para prevenir y reducir la mortalidad de fauna silvestre por electrocución y colisión con tendidos eléctricos, tras contabilizar 4.224 casos en los centros de recuperación de animales silvestres (CRAS) entre 2021 y 2025. La organización registró una solicitud ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para sustituir la orden anulada por los tribunales en 2022 y extender las actuaciones correctoras a las líneas o tramos peligrosos completos.
Según los datos recopilados por la federación a partir de las memorias anuales de los centros oficiales, estas incidencias representaron en torno al 13,5 por ciento de las entradas en los CRAS. En 2021 se registraron 874 casos, que descendieron a 630 en 2022 y se situaron en 640 en 2023. La cifra superó el millar en los dos ejercicios siguientes, con 1.046 en 2024 y 1.034 en 2025.
Los ecologistas consideraron que estos datos evidencian una “realidad insostenible” que afecta a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda y el sisón. Además, advirtieron de que los registros solo recogen una parte de la mortalidad, ya que, según denunciaron, existen cientos de miles de apoyos sin aislar y únicamente se inspeccionan unos pocos miles al año.
La federación citó estudios que estiman que solo se detecta el 15 por ciento de las aves electrocutadas y, a partir de esa proporción, situó en unas 6.600 las grandes aves que podrían morir anualmente por esta causa en Castilla y León.
La solicitud pretende corregir los defectos jurídicos que, según recordó la organización, motivaron la anulación de la Orden FYM/79/2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022. Para ello, pidió dotar a la nueva disposición de los estudios técnicos y la tramitación necesarios para declarar toda la Comunidad como zona de protección. También reprochó a la Junta que hayan transcurrido cuatro años sin concretar el compromiso de aprobar una nueva regulación que, según sostuvo, adquirió tras la sentencia.
Entre sus principales propuestas, Ecologistas en Acción reclamó que los requerimientos de corrección y aislamiento a las compañías eléctricas afecten a toda la línea o tramo de riesgo. La organización denunció que las intervenciones se limitan al apoyo donde aparecen aves muertas, mientras los cercanos mantienen características similares y, por tanto, el peligro de nuevas electrocuciones.
Asimismo, planteó un plazo máximo de un mes para que la Administración tramite el requerimiento al titular tras constatar la mortalidad y otro improrrogable de cuatro meses para que las eléctricas ejecuten las obras. En caso de incumplimiento, solicitó la apertura de expedientes sancionadores y de responsabilidad.
La federación también pidió extender las medidas de protección a los mamíferos y regular de forma preventiva los riesgos para la fauna en aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua.
En materia de transparencia, propuso crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna, accesible para investigadores y ciudadanía, y publicar la cartografía de los tendidos peligrosos y corregidos en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. Estas actuaciones se completarían con una campaña de divulgación para facilitar que los particulares avisen con rapidez del hallazgo de ejemplares.
Ecologistas en Acción instó a la Consejería a ofrecer una respuesta “firme y urgente”, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, frente a lo que consideró una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en Castilla y León.
