La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) que revise los criterios de valoración de los cursos de formación continuada en las bolsas de empleo sanitario. El sindicato denuncia que se están excluyendo actividades formativas relacionadas con materias que la propia Administración considera necesarias para acceder a una plaza fija y exige que se establezcan criterios objetivos y homogéneos para todas las categorías profesionales.
La reclamación parte de las baremaciones provisionales de la bolsa de empleo de celadores, publicadas el pasado 23 de octubre y correspondientes a la fecha de corte del 31 de marzo de 2025. Durante su revisión, CSIF ha detectado que numerosos cursos han sido rechazados con el argumento de que no guardan relación con la categoría profesional.
Entre las actividades excluidas figuran formaciones sobre prevención de riesgos laborales, protección de datos e igualdad de oportunidades, materias que también aparecen en los programas oficiales de los procesos selectivos. Para el sindicato, resulta contradictorio que Sacyl considere estos conocimientos necesarios para obtener una plaza fija y, sin embargo, no los reconozca como méritos en las bolsas de contratación temporal.
Una sentencia del TSJ de Castilla y León respalda la reclamación
CSIF apoya su petición en la Sentencia 882/2025 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según sostiene la organización sindical, esta resolución respalda la vinculación de los cursos transversales, horizontales o genéricos con las categorías profesionales cuando sus contenidos están incluidos en los temarios oficiales de los correspondientes procesos selectivos.
Por ello, considera que Sacyl no puede rechazar estas actividades mediante justificaciones genéricas, sino que debe analizar sus contenidos y explicar las razones por las que no se consideran relacionados con cada categoría.
El sindicato advierte también de que estos criterios están provocando un aumento de las alegaciones y los recursos administrativos de los aspirantes que ven rechazados sus méritos. Una situación que, a su juicio, genera trabajo adicional para los órganos encargados de revisar las bolsas y puede retrasar la publicación de los listados definitivos.
