El Consejo de Cuentas ha entregado hoy en el Parlamento autonómico el Informe de Seguimiento de las Recomendaciones, ejercicio 2020. Este trabajo se realiza desde 2013, siendo por tanto el octavo análisis que se efectúa para determinar si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones formuladas por el Consejo en sus informes.
El seguimiento se aplica sobre las auditorías realizadas en el año natural precedente. Durante el año 2020 el Consejo de Cuentas aprobó 13 informes que contenían un total de 200 recomendaciones. En este informe se analizan 186 contenidas en nueve fiscalizaciones, ya que 14 no se analizan por ser de carácter legislativo, por haber perdido validez como consecuencia de reformas legislativas posteriores a su aprobación o por carecer de destinatario específico.
Las recomendaciones son una consecuencia de las fiscalizaciones. Al no ser vinculantes, su cumplimiento revela por parte de los entes auditados una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos.
Además, tal como expresan las normas internacionales de auditoría, el seguimiento de las recomendaciones constituye la fase última del ciclo de fiscalización que realizan las instituciones de control externo. Finalmente, con su remisión a las Cortes y la posterior comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas en relación con su contenido, se proporciona una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario que corresponde a la cámara representativa de los castellanos y leoneses.
Conclusiones. En cuanto a las conclusiones del informe, el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en los informes publicados en el ejercicio 2020 ha sido del 81%, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. En el año 2019 el porcentaje de aceptación fue del 69%, por lo que la evolución interanual presenta un notable incremento de 12 puntos porcentuales, alcanzado un nuevo máximo de la serie histórica.
El grado de aceptación por administraciones se sitúa en un 94% para los municipios, un 68% para las diputaciones, un 76% para la Junta de Castilla y León y un 48% para las Universidades (Valladolid y Salamanca).
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 101 de las 186 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 55%. Se mantiene un porcentaje similar al obtenido en el informe del ejercicio 2019, un 56% (131 de 232). En 2018 alcanzó un 42%, siendo el registro más bajo el de 2015, un 34%.
En términos absolutos, en el acumulado de los ocho años en los que se lleva realizando este Informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 668 recomendaciones de las 1.440 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 46% para todo el periodo 2013-2020.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 63% (25 de 40), los municipios el 58% (52 de 89); la Junta de Castilla y León el 48% (19 de 40) y las universidades analizadas (Salamanca y Valladolid), el 30% (5 de 17).
Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del Informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año no varía sustancialmente. En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 50 % (14 de 28) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 55% (87 de 158).
El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, registra el segundo mejor porcentaje de la serie histórica (48%), tras el máximo alcanzado en 2019 (60%). En los años precedentes, se produjo un 13% de cumplimiento total o parcial en 2013; 20% en 2014; 22% en 2015; 22% en 2016; 32% en 2017; y 31% en 2018.
Junto al grado de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, el Consejo de Cuentas considera destacable el porcentaje de recomendaciones (26%) que, no habiendo sido todavía aplicadas a la fecha de realización del informe, el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido. Debe tenerse en cuenta que, según cada caso, los trámites a seguir para poder cumplir una recomendación pueden requerir plazos más amplios.
Así, por administraciones, la suma de las recomendaciones cumplidas íntegra o parcialmente y de las tomadas en consideración, representan un grado de aceptación del 94% en municipios, 76% en la Administración autonómica; 68% en diputaciones; y 48% en universidades.
Como en anteriores informes, el Consejo de Cuentas insta a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
