888 días ha durado el segundo gobierno de coalición de Castilla y León. 29 meses marcados por la gestión del coronavirus, barnizados por frecuentes declaraciones de amor mutuo, salpicados por evidentes desencuentros entre los socios, y rasgados por la primera moción de censura de la historia autonómica, celebrada el pasado 22 de marzo de 2020, que dejó a los grupos que conformaban el Ejecutivo sin la mayoría absoluta de las Cortes. Es la crónica de un Gobierno que nació como un matrimonio de conveniencia y que se agota entre sospechas de terceras personas – Por Ávila, PSOE- y después de algunos encontronazos sonados como la Sanidad rural.
El Gobierno nació con la hoja de ruta de un acuerdo con 100 medidas concretas, aunque pronto comenzaron los problemas, bien sea por la concreción de algunas de ellas – el Plan Aliste o la reorganización de la sanidad rural-, bien por decisiones que se adoptaron en esos primeros meses: dar marcha atrás en la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los trabajadores públicos, que costó una huelga general de la función pública el 6 de noviembre de 2019. Junto a ello, algunas declaraciones públicas de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre las listas de espera y, sobre todo, del vicepresidente Francisco Igea defendiendo la supresión de los ayuntamientos o lanzando sombras sobre la gestión de gobiernos anteriores habían enrarecido el ambiente, si bien no afectaron a la agenda política efectiva que miraba ya un año con incertidumbres en lo económico y con una de las peores cosechas que se recuerda.
Así, el 30 de septiembre se constituía y reunía por primera vez el Consejo de Alcaldes y Presidentes de Diputación, se comenzaba a trabajar en unos presupuestos, los únicos aprobados por el Gobierno de coalición, que verían la luz en febrero del año siguiente, se daban pasos para dar seguridad a la caza, y el Tribunal Europeo daba una de cal y otra de arena respecto al lobo, una polémica que acompañará ya el resto de la legislatura. También comenzaron a constituirse las comisiones de investigación acordadas sobre la trama eólica, la financiación del plan de medios y, ya en 2021, sobre los fondos mineros.
Sin embargo, el programa de gobierno salta por los aires con la aparición del Covid. El 27 de febrero de 2020 se confirman los dos primeros casos en Castilla y León y el 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por la extensión de la epidemia. A partir de ese momento, la lucha contra el coronavirus se convierte en prioritaria y el vicepresidente, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la cara de las malas noticias que diariamente golpeaban en forma de muertos e ingresados en las ciudadanos y en forma de restricciones a la actividad en los sectores económicos. La situación es de tal gravedad que pronto la pandemia golpea duramente en las residencias y obliga a replantear el modelo. Las medidas para hacer frente a la situación se multiplican: el 13 de marzo, la Junta decidió cerrar los colegios a partir del 16 de marzo por un plazo de 15 días. Al final, los niños no regresaron a las aulas hasta el nuevo curso, en septiembre, y bajo rigurosos protocolos de seguridad. Se suspendieron las visitas a los centros de mayores; se prohibieron las salidas de residentes al exterior; se decretó el cierre de centros de estancias diurnas, centros de día, ocupacionales y de personas con discapacidad, así como aquellos en los que se prestan servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad.
Los hospitales se volcaron con el Covid y comenzaron a multiplicar camas en las ucis y a derivar pacientes a los centros privados, mientras se suspendieron las consultas en Primaria y Especializada y la atención comenzó a ser telefónica en los centros de salud. Precisamente, este ha sido uno de los motivos de polémica más importantes desde entonces ya que numerosos alcaldes, algunos de ellos del propio PP, se quejan de que la pandemia ha sido la excusa para cerrar los consultorios y muestran su desacuerdo con que se mantenga la cita previa telefónica en estos centros rurales.
Con la llegada del verano, se aliviaron algunas de las restricciones y parecía que lo peor de la pandemia había pasado, pero no es así: una sucesión de olas de contagios, coincidentes en el aumento de la movilidad - vacaciones, inicio del curso, Navidad – junto con la aparición de nuevas variantes viene a recordar que en la lucha contra el virus quedan aún muchas batallas que librar. Toda esta sucesión de oleadas se ven acompañadas de restricciones a la actividad económica, fundamentalmente hostelería y cultura, que son respondidas con fuertes críticas por el sector y que desatan, en ocasiones, un fuerte enfrentamiento en el seno del Gobierno entre quienes proponían más dureza y contención, generalmente la consejera de Sanidad escoltada por el vicepresidente, y quienes planteaban una gestión más moderada, vinculados a las consejerías del PP.
El ejecutivo autonómico aprueba las primeras líneas de ayudas que, sin embargo, son recibidas por el sector con acusaciones de insuficientes y catalizan el primer golpe político al Gobierno: la dimisión del consejero de Empleo. Germán Barrios. La gestión del proceso de sustitución vuelve a poner de manifiesto los recelos entre Igea y Mañueco, que se vio impelido a recordarle que es el presidente quien nombra a los consejeros.
La llegada de una nueva titular, Carlota Amigo, al despacho de Empleo desata una guerra con el diálogo social con un duro cruce de acusaciones entre empresarios y sindicatos, por un lado, y la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo. Este enfrentamiento será una tónica en el resto de la legislatura y obligará en algunos momentos a intervenir al propio presidente.
Durante la pandemia se produce, además, uno de los momentos políticos culmen de la corta legislatura que acaba: la firma de un pacto por la recuperación con 86 medidas en sanidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación que el 17 de junio ratifican los portavoces de los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila. El Gobierno defiende que su implementación fue inmediata, mientras que la oposición entiende que hay incumplimientos casi desde el primer momento. Poco después, el presidente de la Junta se sometería a su primer debate de política general.
La pandemia deja poco espacio a otras decisiones y las consejerías adelantan, en la medida que pueden, algunos de sus proyectos, por ejemplo, la reordenación de la función pública o las ofertas de empleo público, que quedan paralizadas por la situación.
Moción que desata dudas
A finales del año 2020 comienza la vacunación contra el Covid, que alcanza velocidad de crucero a partir de marzo de 2021 y da esperanzas de recuperar pronto la normalidad. La actividad política también se acelera en primavera con la presentación por parte del PSOE de una moción de censura contra el Ejecutivo autonómico que desata las dudas sobre la cohesión interna de Ciudadanos. El anuncio pocos días antes de la votación de la procuradora salmantina María Montero de abandonar la disciplina de la formación naranja y pasar al grupo de no adscritos desató los nervios sobre el verdadero apoyo del Gobierno que se vieron infundados en la votación final. Mañueco ganó la moción, pero el Ejecutivo perdió la mayoría en las Cortes. Desde entonces, la amenaza de una nueva moción de censura – que sólo se podría activar a partir del 10 de marzo – ha pesado en la política autonómica.
La vida pública coge velocidad punta después del último verano cuando, sin embargo, el camino de la legislatura se llena de obstáculos. El más importante, y quizá el que rompió el amor, se llama reordenación de la atención primaria en la sanidad rural. La consejera Verónica Casado confesó en agosto a Ical que su plan era implantar sus planes de manera acelerada en toda la Comunidad, lo que desató la oposición frontal de las provincias. El presidente dela Junta lanzó un serio aviso a sus socios de Gobierno de que esa era una línea roja infranqueable cuando dio orden al Grupo Popular de apoyar una iniciativa parlamentaria del PSOE que suponía una enmienda a la totalidad de la gestión de la consejera. Tras los nervios iniciales, la relación entre populares y naranjas volvían a su cauce, pero la desconfianza se había instalado y el cuestionamiento de las lealtades estaba tocado.
Desde entonces, la Comunidad pensaba ya en clave de adelanto electoral, pese a que el presidente lo negaba en cualquier foro público o privado y hacía depender el fin de la legislatura de la estabilidad política. Por eso, había expectativa sobre la negociación de los nuevos presupuestos para 2022. Por Ávila iba a ser decisivo y había que granjearse su apoyo, una tarea que comenzó de forma más visible el vicepresidente Francisco Igea. Cuando la formación abulense hizo públicas sus demandas, 35 millones añadidos a la inversión ya contemplada, en el PP autonómico se instaló el pesimismo. No podían dar esa baza a la formación porque dejarían en mal lugar a los populares de Ávila e incentivarían la aparición de agrupaciones similares en todas las provincias que vieran en la debilidad del Ejecutivo la manera de atraer más gasto.
En el PP se instaló también la idea de que Ciudadanos había negociado por su cuenta con Por Ávila y, en privado, hablaban de una deslealtad manifiesta hacia el resto de consejeros. El enroque de Por Ávila en sus propuestas hacía ver que no habría presupuestos y abrió las puertas a que el presidente disolviera las Cortes al estar en tela de juicio la estabilidad parlamentaria. Las declaraciones del pasado sábado de Ana Sánchez sobre que votarían a favor de las enmiendas abulenses fue la espita definitiva para decidir el adelanto electoral. El matrimonio de conveniencia no funcionó, aunque dicen que en él llegó a haber amor. ¿O era sólo apariencia?
