Las administraciones multiplicaron por 2,5 las inversiones en servicios TIC en Castilla y León, con un total de 26,7 millones, todo ello a través de 87 contratos. La cifra se ha disparado en relación al periodo enero-marzo de 2021, cuando se desembolsaron 10,74 millones por parte de las instituciones públicas para este cometido, en una época en la que la pandemia como consecuencia de la Covid-19 dio el último empujón para impulsar la digitalización. Todo ello animado por los Fondos Next Generation.
En conjunto, las administraciones públicas españolas invirtieron, en el trimestre de estudio, 1.033,3 millones en adquisiciones de productos y servicios TIC, cantidad que representa un incremento de 34,85 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2021, y que se traduce en 267,02 millones más que entonces. De esta cifra global, 944,23 millones se dirigieron a licitaciones y 89 a compras centralizadas.
En la Comunidad, destaca, en servicios cloud, la cesión temporal del derecho de uso y mantenimiento con soporte de licencias de productos Microsoft para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, adjudicado a Seidor por importe de 6,8 millones de euros; mientras que es relevante la inversión de 4,52 millones de la entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente (departamento que se separó en la configuración de Gobierno tras las elecciones de febrero) para externalización informática. También la implantación, administración, mantenimiento y mejora de la plataforma tecnológica, así como los medios y servicios que da soporte al Centro de Emergencias 1-1-2 y el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias (CCU), para la misma Consejería, y adjudicado a Telefónica por importe de siete millones, según el barómetro de Adjudicaciones y Licitaciones Tic.
La Administración General del Estado continúa como la más inversora en este comienzo de ejercicio, tanto en licitación abierta como por compras centralizadas. Los 468,72 millones invertidos mediante 1.191 contratos la sitúan en primera posición con el 45,36 por ciento del total invertido. Respecto del primer trimestre de 2021, la inversión de AGE ha aumentado un 32 por ciento, con una inversión de 113 millones más.
Continúan en segundo lugar las inversiones de las comunidades autónomas, que han significado el 37,05 por ciento de la inversión de este periodo, con 382,86 millones de euros y 1.431 contratos. Esto ha supuesto un ligero incremento respecto de la cifra de Administración General del Estado en 2021, que supone 27 millones. En cuanto a las entidades locales, han incrementado notablemente la inversión en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta administración alcanza una cifra de 181,73 millones, 91 más más que hace un año.
En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022, las comunidades autónomas que más invirtieron fueron Madrid, Cataluña y País Vasco. Este trío suma una inversión total de 313,92 millones, es decir, el 30,38 por ciento de la inversión total. Respecto del mismo periodo de 2021, en el podio estaban Cataluña, Andalucía y País Vasco que totalizaban 211,91 millones en inversiones, un 32 por ciento menos que en el periodo actual.
Por categorías
Arrancó el año con la categoría de servicios TI en primera posición, con 626,36 millones de euros y 1.794 adjudicaciones en España. La cifra alcanzada supone el 60,62 por ciento de la inversión acumulada durante el primer trimestre. Y respecto del mismo periodo de 2021, la inversión en servicios TI aumentó casi 210 millones de euros o, lo que es lo mismo, en un 50 por ciento. A continuación, las inversiones en hardware, que alcanzan 164,37 millones de euros mediante 924 adjudicaciones, y que suponen el 16 por ciento de las inversiones hasta la fecha. Destaca el crecimiento de las inversiones en servidores y almacenamiento con 42,58 millones y la inversión en microinformática (equipos sobremesa, portátiles y tablets), que supera los 25,55 millones.
Después, las inversiones de software también aumentaron un 41 por ciento, fundamentalmente por el crecimiento del software de gestión, que ha alcanzado la cifra de 34 millones. Las inversiones de software han superado los 112 millones mediante 736 contratos adjudicados. En cuarto y último lugar están las inversiones en comunicaciones, con una cifra 129,84 millones y 329 adjudicaciones, con un crecimiento del 31 por ciento.
Expectativas de “buen año” 2022
El director de Consultoría de Adjudicaciones y Licitaciones TIC, Carlos Canitrot, explicó que a pesar de las complicaciones económicas, 2022 “está siendo un año con mucha actividad” en cuanto a inversión tecnológica en las administraciones públicas. Recordó que ha superado los mil millones de euros en los primeros tres meses del año, cifra “nunca alcanzada” en este periodo de ningún ejercicio anterior.
“Esto nos hace prever un muy buen año, pudiendo conseguir, si la tendencia continua con esta línea de crecimiento, la fantástica cifra de 6.000 millones de euros al finalizar el año. Pero si se llega, no será sin ciertas dificultades, tales como la inflación, ese impuesto sin legislación con impacto en todas las rentas”, advirtió.
Indició que el aumento de los precios es motivo de “preocupación para todos”, administraciones públicas incluidas, “sobre todo ahora que ha dejado de ser algo puntual para pasar a ser permanente y sin visibilidad de contención en los próximos meses”.
Esto se suma a un IPC por encima del 10 por ciento y con el “peligro de que la subida de precios sin crecimiento económico dé paso a la estanflación, lo que afectará, aún más si cabe, a la competitividad y a la recuperación económica”.
También alertó de la escasez de suministros y de talento, un asunto “de difícil solución a corto plazo”. “La digitalización de la sociedad está ocasionando serios problemas para encontrar personal cualificado en el sector tecnológico. Las empresas se enfrentan diariamente a esta problemática a la hora de ofertar los perfiles demandados por las Administraciones Públicas en las licitaciones que se publican, porque no se encuentran perfiles adecuados”, reflexionó Canitrot.
En todo caso, alertó de “problema de difícil solución por el envejecimiento de la población”. Para ello, abogó por un plan para mejorar la formación y “hacerla más eficiente de cara al mercado de trabajo”. Además, las administraciones públicas, “en la medida que puedan, deberían ser conscientes de este problema y adecuar sus demandas a la oferta disponible”.
