Castilla y León alcanzará antes de 2030 el objetivo de cero aguas residuales sin depurar. Este es el compromiso de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha acometido y tiene en marcha la construcción de cerca de 1.500 depuradoras en la Comunidad, con una inversión de en torno a 250 millones, en municipios de menos de 2.000 habitantes.
La Comunidad ya ha cerrado la depuración en la totalidad de poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, a excepción de dos, en Nava del Rey y Traspinedo, en la provincia de Valladolid, que son responsabilidad del Gobierno central a tenor del acuerdo de reparto que ambas administraciones y las entidades locales alcanzaron en el año 2011. Aún así, la Consejería adquirió el compromiso de concluir también estas dos instalaciones, cuyas obras ya están en marcha, según explicó a Ical el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
“Nosotros hemos hecho ya anteriormente algunas depuradoras que eran del Ministerio pero que no se acometían”, apuntó el consejero, quien achacó este hecho a la “inacción” del Ministerio, mientras la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), también dependiente del Miteco, sancionaba a los ayuntamientos por vertidos “inadecuados”. Son los casos, por ejemplo, de Fermoselle, Coreses o Arribes del Duero, y próximamente, también Candelario.
En el capítulo de municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, Suárez-Quiñones desveló que se ejecutan 239 depuradoras, con un importe de 125 millones de euros de inversión, y que ya se encuentran en diferentes fases: seis están en fase de explotación, 89 obras en ejecución, 69 en distintas fases de tramitación, 75 en redacción del proyecto y el resto, en análisis.
Por último, las de menos de 500 habitantes, donde se ejecutarán en global 1.300 infraestructuras de depuración, con un importe de 125 millones. “Es decir, estamos hablando de que tenemos en marcha acción para ejecutar más de 1.500 depuradoras en Castilla y León, con una inversión de en torno a 250 millones, en la franja de menos de 2.000 habitantes”, sentenció el consejero.
Con estos datos, Suárez-Quiñones confía en terminar todo el proceso en la siguiente legislatura. “Es un objetivo del que no sé si podrá presumir alguna región europea, además de Castilla y León”, presumió, una Comunidad de más de 6.000 núcleos de población, lo que supone un “esfuerzo económico y de gestión importantísimo” en el que ayudan las diputaciones provinciales y los propios ayuntamientos.
Este programa de actuaciones reparte el gasto entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales, con un 40 por ciento, cada una a fondo perdido, y los ayuntamientos (20 por ciento). La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería, se encarga de la ejecución de las actuaciones y de su operación y mantenimiento durante 25 años, “porque garantiza su buen funcionamiento y una buena gestión de esa depuradora”.
Suárez-Quiñones explicó que la Junta financia además ese 20 por ciento a los ayuntamientos, hasta durante un cuarto de siglo, “para que lo vayan pagando poco a poco”.
