El 31 de julio de 2025 finalizó el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario, entre ellas, el lobo ibérico. Esta obligación está establecida por la Directiva Hábitats de 1992 y, precisamente, su incumplimiento ha provocado que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento sancionador contra España por no haber enviado dicho informe en plazo.
Para poder aprobar y remitir ese informe es necesaria la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que corresponde convocar al Ministerio. El reglamento interno de este órgano de interlocución con las autonomías fija que la convocatoria es de obligado cumplimiento cuando lo solicita al menos un tercio de las comunidades, circunstancia que se ha producido en varias ocasiones por hasta 14 gobiernos autonómicos —en concreto, los días 21 y 24 de julio de 2025, y nuevamente el pasado 5 de mayo—. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue sin convocarla.
Ante esta situación, las comunidades autónomas iniciarán nuevas acciones judiciales contra el Ministerio por incumplir tanto la normativa española como la europea.
Contexto
El Gobierno español, como el resto de Estados miembros, tiene la obligación de informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas incluidas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, entre las que se encuentra el lobo, como establece la propia norma en el artículo 17. El plazo para enviar esta información expiró el 31 de julio de 2025, sin que el Ministerio haya remitido todavía el informe.
Este incumplimiento no afecta únicamente al lobo ibérico, sino también al conjunto de especies sobre las que España debe informar periódicamente a la Unión Europea.
El primer paso para aprobar este informe se dio el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta para su elevación a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Esa reunión estaba convocada para el 22 de julio de 2025, pero fue cancelada por el Ministerio el día anterior, sin justificación.
Posteriormente, el 21 y el 24 de julio de 2025, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla solicitaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial. El Ministerio rechazó esas peticiones, lo que llevó incluso a que alguna comunidad iniciara acciones judiciales que aún están pendientes de resolución.
A esas comunidades se sumó posteriormente Canarias, y todas ellas volvieron a solicitar el pasado 5 de mayo la convocatoria urgente de dicha reunión, al amparo del artículo 12 del Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que obliga a su celebración cuando así lo solicita al menos un tercio de sus miembros para tratar asuntos urgentes o inaplazables.
Las comunidades advirtieron al Ministerio de que no podía volver a negarse a convocarla. Sin embargo, esa convocatoria no se ha producido.
Por ello, y dada la gravedad de la situación, las comunidades citadas iniciarán nuevas acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
En anteriores ocasiones, el MITERD ha alegado distintos motivos para justificar su negativa. Entre ellos, que los incendios ocurridos en 2025 podrían afectar al contenido del informe, pese a que el documento analiza exclusivamente el periodo 2019-2024.
También argumentó que estaba pendiente de conocer el contenido del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley 1/2025, aunque ese recurso no afecta al procedimiento de aprobación del informe.
Igualmente, el Ministerio llegó a afirmar que la Comisión Europea había concedido una prórroga para remitir el informe. Sin embargo, la realidad es que Bruselas ha abierto un expediente sancionador precisamente por no haberlo recibido.
Más recientemente, el Ministerio ha abierto un trámite de información pública sobre este informe, un procedimiento que las comunidades consideran injustificado, ya que no está previsto en la normativa que regula este proceso y únicamente contribuye a retrasar aún más el cumplimiento de las obligaciones europeas.
El último argumento del MITERD, según una nota de prensa difundida ayer, es que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar que la especie se encuentra en un estado de conservación favorable, cuando actualmente habría 333. Las comunidades autónomas rechazan esta afirmación y aseguran que la Comisión Europea nunca ha establecido oficialmente ese criterio.
Trabajo técnico
Además, consideran inaceptable que el Ministerio haya cuestionado públicamente el trabajo técnico realizado por los profesionales de las comunidades autónomas, poniendo en duda su rigor científico y su cualificación.
Y más grave aún, sostienen, es poner en duda la calidad técnica y científica de este censo nacional del lobo cuando ha sido coordinado y asumido por los equipos técnicos del propio Ministerio.
Resulta llamativo, y así se ha trasladado también al MITERD, que con menos manadas y menor área de distribución que la actual, el estado de conservación fuera entonces —sexenio 2007-2012— favorable, y que en la actualidad, con la reinterpretación de los criterios que hace unilateralmente el Ministerio, el resultado de su evaluación sea desfavorable.
Esto pone de manifiesto, a juicio de las comunidades firmantes, la “enorme subjetividad” en la aplicación de los criterios y la utilización ideológica de este asunto.
Por último, la Comisión Europea comunicó el pasado 9 de abril de 2026 a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria que sigue esperando la remisión oficial de este informe por parte del Reino de España, confirmando así que el incumplimiento continúa.
