El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado este 5 de marzo la concesión directa de 33.039.124 euros en subvenciones a los concesionarios del transporte público regular de uso general por carretera de titularidad autonómica. La medida busca asegurar la sostenibilidad económica de los servicios y garantizar la prestación a los ciudadanos.
Regularización de anticipos y cobertura de déficit
El acuerdo tiene un doble objetivo: regularizar los anticipos correspondientes al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026, y cubrir el déficit estimado y la reducción de ingresos derivados de la aplicación de la regla general de gratuidad en el transporte público por carretera entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026.
Del total autorizado:
- 27.739.075 euros se anticipan para cubrir el déficit estimado y la pérdida de ingresos durante el periodo de gratuidad parcial.
- 5.300.048 euros se destinan a regularizar anticipos del periodo septiembre 2025–enero 2026.
Garantía de liquidez para los concesionarios
Dado que la Administración autonómica es garante de la sostenibilidad económico-financiera de estos servicios, la medida permite dotar a las empresas concesionarias de la liquidez necesaria para mantener el transporte interurbano convencional, el transporte a la demanda y el transporte metropolitano.
Las cuantías anticipadas se han calculado a partir de un estudio comparativo entre los ingresos declarados por las empresas y los estimados según la metodología del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar, publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las cifras serán objeto de regularización una vez se disponga de los datos justificativos correspondientes.
Una medida clave para usuarios y empresas
Con esta inversión de más de 33 millones de euros, Castilla y León busca garantizar la continuidad del servicio y la gratuidad parcial, al tiempo que asegura la estabilidad financiera de los operadores de transporte por carretera en la región.
