Castilla y León se ha vuelto a sumar hoy a las reivindicaciones planteadas por la mayoría de las comunidades autónomas en el seno del Pleno de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relacionadas con el Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en la conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y el despliegue del 5G.
Dentro de las iniciativas de conectividad, el Gobierno ha delegado en las comunidades inversiones destinadas a acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, así como en centros públicos de referencia, a la emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables y a actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha recordado que las comunidades publicaron en 2023 las convocatorias correspondientes a actuaciones de conectividad digital, según los requisitos recogidos en diferentes Reales Decretos del Ministerio.
La falta de correspondencia de las líneas subvencionables a la realidad de las necesidades, expresada desde un principio por las autonomías, se ha puesto de manifiesto en la falta de demanda por parte de los ciudadanos de dichas subvenciones, no despertando ningún interés y provocando la ausencia de las solicitudes que eran necesarias, ha asegurado la consejera.
Las comunidades llevan reclamando desde hace más de un año la ampliación de plazos y la modificación de las condiciones para mejorar el interés de las iniciativas que gestionan del Componente 15. En una carta remitida esta semana, firmada por 15 comunidades autónomas, también han propuesto la posibilidad de destinar las subvenciones a la realización de los proyectos realmente necesarios en cada autonomía y demandados por la ciudadanía.
En el Pleno de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, la consejera, junto con los representantes de buena parte de las comunidades autónomas, han vuelto a poner de manifiesto estas reivindicaciones, rechazando el reparto adicional de fondos en los condicionantes dispuestos por el Ministerio, “por no ajustarse a la realidad de Castilla y León”, ha concluido.
