Alrededor de un millar de mujeres ejercen la prostitución en los más de 120 clubes de alterne que funcionan en Castilla y León, según ha recogido la Agencia Ical. Esta cifra es la más alta del conjunto de España, solo superada por Andalucía, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que más de 1.500 mujeres se dedican a la prostitución en este tipo de locales.
En el global del país, la cifra asciende a 7.830, lo que supone un descenso de casi el 37 por ciento en la última década, mientras que en Castilla y León se ha mantenido con pequeñas oscilaciones. En ambos casos, según se recoge en un informe elaborado por el Ministerio del Interior sobre la explotación y trata de seres relativo al pasado año y al que ha tenido acceso Ical, se produjo una notable caída en 2020, provocada por la pandemia, que se recuperó en los dos años siguientes.
No obstante, este número se triplica sumando a las mujeres que son explotadas en las ciudades en pisos clandestinos. Un estudio del Ministerio de Igualdad realizado en base a anuncios en páginas web y presentado a finales de 2024, cifraba en casi 3.000 las mujeres en situación de prostitución en Castilla y León y en más de 114.000 en el conjunto de España. Cataluña, con 34.759, se situaba en cabeza, por delante de Madrid (20.549), Comunidad Valenciana (16.324), Andalucía (9.026), Baleares (6.154), País Vasco (5.158), Galicia (4.053) y Castilla y León (2.936).
Por otra parte, el pasado año las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en la Comunidad a 22 mujeres que estaba siendo obligadas a prostituirse y en 19 casos pudieron demostrar que las víctimas habían llegado a esa situación tras caer en las redes de una banda organizada de trata de seres humanos. Como fruto de estas operaciones, un total de 41 personas fueron detenidas en Castilla y León.
En total, en los últimos cinco años la Guardia Civil y la Policía Nacional han logrado que 146 mujeres dejaran de ser sometidas en la Comunidad a una de las formas de esclavitud más cruel del siglo XXI. Cabe recordar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan, como mínimo, dos inspecciones anuales en todos los clubes de alterne mediante personal formado en la trata de seres y mantienen entrevistas personales con todas las chicas con el objetivo de destapar casos de trata.
A nivel nacional, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron el pasado año a 374 víctimas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China.
En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela.
Además, en 2025 se realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, 248 en Castilla y León, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.
Operación policial
Una de las operaciones más destacadas del pasado año se llevó a cabo en Valladolid, donde la Policía Nacional logró liberar a trece mujeres, nueve de nacionalidad paraguaya, dos peruanas, una argentina y una española, que eran obligadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día. Además, fueron detenidos los ocho miembros de un clan familiar que disponía de seis pisos en la capital vallisoletana y que llegó a intimidar a las víctimas mediante ritos de santería.
La investigación, que se prolongó durante más de un año, se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas. Esta fue captada por una mujer que, aprovechando de su situación de vulnerabilidad, dado que se encontraba en España de forma irregular y sin trabajo, la convenció para que ejerciera la prostitución en uno de los pisos-club que el clan familiar, de origen paraguayo y peruano, tenía en Valladolid, y en los que también se vendía drogas a los clientes.
La matriarca del clan alojaba a las víctimas en un piso controlado por su nuera, quien actuaba como encargada de la explotación sexual, fijaba las tarifas de los servicios, cobraba a los clientes. Además, vivían hacinadas en dos dos pequeños dormitorios, cada uno con dos camas individuales, donde pernoctaban hasta ocho mujeres. Además, debían estar disponibles las 24 horas del día, no tenían ningún día de descanso, ni siquiera por enfermedad, y ni podían elegir a sus clientes ni lo servicios que realizaban.
El juicio de este caso, que se estaba previsto que se celebrara el pasado mes de marzo en la Audiencia Provincial de Valladolid, fue suspendido al no personarse la cabecilla de la red y principal encausada, Lorenza C.P., en paradero desconocido, al igual que varias de las testigos protegidos que estaba previsto que declarasen.
