El Ejecutivo autonómico reafirmó hoy, con motivo del Día Internacional de las Microempresas y las Pymes, su compromiso con el tejido empresarial de la Comunidad, al que reconoce como uno de los grandes motores de crecimiento económico, generación de empleo y cohesión territorial.
Castilla y León cuenta en la actualidad con más de un millón de personas ocupadas, una realidad que se sustenta, de forma directa, en la actividad de miles de empresas y autónomos que desarrollan sus proyectos e iniciativas en todo el territorio, especialmente en el medio rural. Para la Junta, según subrayan en un comunicado difundido por Ical, son estas empresas las que, con su esfuerzo y capacidad de adaptación, hacen posible la creación y mantenimiento del empleo en la Comunidad.
En este contexto, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiso reconocer el “papel esencial que desempeñan nuestras empresas y nuestros autónomos”.
En este sentido, destacó que Castilla y León cuenta con más de un millón de personas ocupadas gracias al “esfuerzo de miles de empresas que desarrollan su actividad en toda la Comunidad” y ha mostrado su apoyo a los emprendedores que “en muchos casos son los verdaderos impulsores de nuevas empresas”.
El consejero avanzó que en los próximos días se convocará una línea de fomento del autoempleo dotada con 10 millones de euros, “una cuantía sin precedentes destinada a apoyar la creación de actividad económica en Castilla y León”, destinada a facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales impulsados por autónomos.
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), está consolidando y reforzando un modelo de políticas activas de empleo que sitúa a la empresa en el centro, intensificando las actuaciones de identificación de necesidades, acompañamiento y mejora de la intermediación laboral.
Este refuerzo responde a una realidad estructural del tejido productivo: la dimensión mayoritaria de las empresas exige el apoyo público para facilitar procesos como la captación de trabajadores, la formación adaptada o la cobertura de vacantes, contribuyendo así a un funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo.
