UGT Castilla y León celebra este viernes en su sede unas jornadas sobre los derechos del colectivo LGTBI frente a los delitos de odio. Tal y como recuerda la secretaria de formación para el empleo y diversidad, Ana del Ser, “tras el avance y el aumento de los discursos de odio en nuestra comunidad, en espacios públicos y en centros de trabajo, creemos que es más necesario que nunca abrir nuestras puertas a este colectivo para tener un espacio libre donde podamos hablar, reflexionar y ver datos sobre los últimos estudios que nos vienen del Ministerio del Interior, ya que en Castilla y León han aumentado los delitos de odio un 46,2% y se han registrado un total de 136 infracciones penales”.
Ana del Ser ha incidido en que los delitos de odio están tipificados en el artículo 159 del Código Penal con penas de uno a cuatro años de cárcel que pueden aumentar si se difunden por internet o si alteran la paz pública. Sin embargo, en Castilla y León, comunidad en la que los sucesos lgtbifóbicos saltan con frecuencia a medios autonómicos por la especial gravedad de los mismos, aún no existe una ley que proteja al colectivo o regule un protocolo para impedir que se cometan estos delitos.
No obstante, en la jornada también han participado Marina Sáez, catedrática de Derecho Mercantil de la UVa y activista de los derechos LGTBI e impulsora de la conocida como ley Trans estatal, José Manuel Rubia, secretario de políticas LGTBI+ del PSOE en León y Jose J. Álvarez, responsable de acción del área LGTBI de UGT CEC que, en las declaraciones previas a medios, ha recordado que el Congreso de los Diputados aprobó en la jornada de ayer la reforma del Código Penal para introducir una sanción real a las mal llamadas terapias de conversión contra las personas LGTBI.
Cabe destacar que desde UGT "llevan años trasladando la especial protección que requiere este colectivo al ámbito laboral" porque, tal y como ha explicado en su exposición Álvarez, “al final, el trabajo vertebra algo esencial en nuestra vida como es el salario, como es la vivienda, como es la capacidad económica para hacer frente a la situación que puede vivir cualquier persona de LGTBI, en cualquier lugar del país”.
Por eso, la labor del sindicato pasa por establecer protocolos de actuación obligatorios para empresas de más de 50 empleados, además del protocolo de acompañamiento en la transición para las personas trans que impulsó en el Diálogo Social el pasado 26 de febrero de este mismo año.
Desde la organización sindical apelan a las últimas declaraciones de Antonio Martínez Nieto, diputado regional de la Asamblea de Murcia, aduciendo que "la sociedad había llegado suficientemente lejos como para que las personas LGTBI hayan dejado de ser reconocidas como personas enfermas, y, sin embargo, aún siguen produciéndose asesinatos de personas LGTBI al grito de maricón de mierda”.
Las cifras, además, respaldan la necesidad de reforzar la protección contra estos delitos porque todavía cerca del 50% de las personas LGTBI perciben que no están aceptadas socialmente. En los centros de trabajo, los datos de discriminación verbal están entre el 30 y el 50% y las agresiones sexuales contra las personas trans rozan el 10%, y eso pese a que ya de por sí el 50% de estas personas se encuentran desempleadas.
Estas cifras se basan en el estudio anual que realiza UGT confederal entre miles de personas trabajadoras encuestadas que arrojan datos determinantes como que el 70% de las personas LGTBI consideran que las medidas que se aplican en las empresas siguen siendo insuficientes.
También desde el área confederal LGTBI de UGT han querido hacer un llamamiento para que Castilla y León deje de ser una de las últimas comunidades (junto a Asturias y País Vasco) sin legislación autonómica para proteger a las personas trans y a las personas LGTBI. Y es que, recuerdan desde el sindicato que la comunidad tiene potestad para convocar mañana mismo un Consejo de Gobierno y aprobarlo porque “los derechos humanos no pueden depender de los colores políticos”.
