El Ministerio de Sanidad ha publicado un nuevo informe monográfico sobre detección precoz del cáncer basado en los datos de la Encuesta de Salud de España 2023, recogida por la Agencia Ical, que analiza la utilización de las principales pruebas de detección precoz en la población residente en España y su evolución en los últimos años.
En el caso del cáncer de mama, el estudio muestra que la participación en las pruebas de detección precoz sigue sin recuperar los niveles alcanzados antes de la pandemia. En el conjunto del país, el 68% de las mujeres de 50 a 69 años declara haberse realizado una mamografía en los últimos dos años, frente al 81,5% registrado en 2017, lo que supone una diferencia de 13,5 puntos. En Castilla y León, esos indicadores se situaban en el 72,5% en 2017 y en 2023 habían descendido cinco puntos hasta el 67,4%, cinco puntos por debajo.
Esta evolución se relaciona principalmente con un aumento del tiempo transcurrido desde la última prueba, más que por un incremento de mujeres que nunca se han realizado una mamografía. El dato apunta, por tanto, a dificultades en la continuidad y periodicidad de la participación, un elemento clave para que los programas de detección recoz mantengan su efectividad.
En el conjunto del país, la reducción ha sido más intensa entre las mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos, ampliando desigualdades ya existentes. Mientras las mujeres de grupos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75-77 por ciento, aquellas en situación más desfavorecida se sitúan en torno al 60-62 por ciento.
La evolución es similar en la detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 75,6% de las mujeres de 25 a 64 años declara haberse realizado una citología vaginal en los últimos cinco años. Aunque esta prueba había registrado décadas de crecimiento y se había estabilizado en niveles cercanos al 80 por ciento hasta 2017, los datos más recientes muestran que todavía no ha recuperado plenamente esos niveles. En Castilla y León, la autonomía ha experimentado un crecimiento de 2,4 puntos en ese periodo, al pasar del 77 por ciento de 2017 al 79,4% de 2023.
La reducción ha sido especialmente acusada entre las mujeres jóvenes de 25 a 34 años y entre aquellas pertenecientes a grupos más desfavorecidos, lo que mantiene diferencias relevantes en la participación. Las mujeres de grupos más favorecidos presentan coberturas superiores al 80 por ciento, mientras que en los grupos más vulnerables se sitúan por debajo del 70 por ciento. También persisten diferencias según país de nacimiento y territorio, con variaciones importantes entre comunidades autónomas.
El informe analiza también la utilización de la prueba del virus del papiloma humano, VPH, como herramienta de detección precoz del cáncer de cuello uterino. En 2023, el 25,6% de las mujeres de 35 a 65 años declara haberse realizado esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más del 70 por ciento afirma no habérsela realizado nunca. En Castilla y León, el 48,9% de las mujeres de 35 a 65 años declara haberse realizado esta prueba en el último lustro, mientras que solo el 46,9 por ciento afirma no habérsela realizado nunca.
Cáncer colorrectal
Por otra parte, el informe recoge además un avance sostenido en la detección precoz del cáncer colorrectal. En 2023, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declara haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los últimos dos años, frente al 21,8 por ciento registrado en 2017. En el caso de Castilla y León, en 2023 el 46,9% de esa franja de población declara haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los últimos dos años, frente al 38,8 por ciento registrado en 2017, 8,1 puntos por encima.
Para el Ministerio, esta evolución refleja la progresiva implantación de los programas de detección precoz del cáncer colorrectal en España. No obstante, el 45,2 por ciento de la población de este grupo de edad declara no haberse realizado nunca la prueba (cifra que en el caso de la autonomía desciende hasta el 36,5 por ciento). En el conjunto del país, esta proporción alcanza valores cercanos al 60 por ciento entre las personas nacidas en el extranjero y supera el 50 por ciento en determinados grupos socialmente más desfavorecidos.
A estas brechas sociales y por país de nacimiento se suman lo que desde el ministerio consideran como “diferencias territoriales importantes”. Mientras algunas comunidades autónomas como Navarra alcanzan coberturas superiores al 60 por ciento (63,9 por ciento), otras presentan niveles notablemente inferiores (con Cantabria ala cola, con el 25,3 por ciento), lo que refleja distintos grados de implantación y consolidación de los programas poblacionales.
