La Consejería de Sanidad de Castilla y León trabaja ya en la creación de su registro de profesionales sanitarios que, por motivos de conciencia, decidan objetar a la participación directa en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta iniciativa responde a la modificación, hace ahora dos años, de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y con ella la Comunidad seguirá los pasos de autonomías como Murcia, La Rioja, Cantabria, Canarias y Cataluña que fueron las primeras en crear sus registros.
El objetivo principal de este registro es facilitar una adecuada gestión de la prestación de la IVE, que garantice la no discriminación de los profesionales sanitarios no objetores y de los objetores. Es decir, que se evite que los primeros sean relegados exclusivamente a la práctica de interrupciones de embarazo, y que los segundos no sean señalados por su decisión.
Los datos contenidos en el registro serán estrictamente necesarios para identificar al personal sanitario que desarrolle su actividad en centros acreditados para la realización de los abortos y cuyas funciones impliquen su participación directa en estas intervenciones.
El registro se enmarca en el cumplimiento de la normativa nacional y busca asegurar que todas las mujeres de Castilla y León tengan acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera equitativa y sin obstáculos, respetando al mismo tiempo los derechos de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia.
Con la implementación del registro de objetores de conciencia, la Consejería de Sanidad espera mejorar la organización de los recursos humanos en el ámbito sanitario y asegurar que todas las mujeres que deseen acceder a una IVE puedan hacerlo en condiciones óptimas, respetando simultáneamente los derechos de los profesionales sanitarios.
Características
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó a finales de año el protocolo que regula los pasos para crear el registro. Habrá uno por cada autonomía y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El registro solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional; solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE, es decir, médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Medicina Familiar y Comunitaria, enfermeras/os y matronas, y el acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para las interrupciones voluntarias del embarazo.
El documento nacional contempla la posibilidad de objeción de conciencia total o parcial a la IVE, según los supuestos previstos en la Ley. Así, por objeción total se entiende aquella en la que el profesional sanitario se opone a participar en cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de las circunstancias, y la parcial, sólo algunos supuestos: IVE a petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación; IVE por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de riesgo de graves anomalías en el feto, e IVE por causas médicas, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.
Los datos de los registros no se compartirán entre comunidades autónomas y se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia. El protocolo establece que el registro de objetores debe incluir la modalidad a la que se objeta (total o parcial) y, en caso de la parcial, los supuestos específicos a los que se opone.
Perfil
En 2023, Castilla y León registró un total de 3.096 interrupciones voluntarias del embarazo, según los datos del Ministerio de Sanidad. Las mujeres de entre 20 y 29 años representaron casi la mitad de los casos, con 1.337, mientras que 309 interrupciones correspondieron a menores de edad.
La Comunidad alcanzó una tasa de 8,66 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, un aumento respecto a la tasa de 7,95 registrada en 2022. En la última década, la tasa ha crecido más de dos puntos y medio, pasando de 6,14 en 2014 a la cifra actual. A nivel nacional, España registró una tasa de 12,22 y un total de 103.097 interrupciones, un 4,8 por ciento más que en 2022.
Respecto al nivel educativo, 952 mujeres que decidieron abortar en Castilla y León tenían estudios de Bachillerato o Formación Profesional, seguidas de 937 con estudios de ESO o equivalentes y 682 con estudios universitarios. Además, en relación con la situación laboral, 1.767 abortos correspondieron a trabajadoras por cuenta ajena y 724 a mujeres en situación de desempleo.
En cuanto a los métodos anticonceptivos, 1.408 mujeres que abortaron en Castilla y León afirmaron no haber utilizado ninguno, mientras que 931 emplearon métodos de barrera y 484 usaron anticonceptivos hormonales. La práctica totalidad de las interrupciones se llevaron a cabo a petición de la mujer (2.920 casos), mientras que 116 se realizaron por riesgo grave de anomalía fetal.
Sobre el tipo de centro en el que se llevaron a cabo, la mayoría de los abortos se realizaron en centros extrahospitalarios (2.525), frente a los hospitalarios (571). El sector privado concentró la mayor parte de estas intervenciones, con 2.819 abortos de los 3.096 practicados en la Comunidad.
