CCOO reclama al Ministerio de Justicia la creación de 138 nuevas plazas de personal funcionario de la Administración de Justicia en Castilla y León para acompañar la reciente ampliación de las plantillas judiciales y fiscales en la comunidad.
El sindicato exige que la creación de 17 nuevas plazas judiciales y nueve fiscales vaya acompañada de un incremento proporcional del personal encargado de tramitar y ejecutar las resoluciones de estas unidades.
El Real Decreto 422/2025 creó nuevas unidades judiciales de Violencia sobre la Mujer que, en Castilla y León, se concretaron en una unidad judicial y una plaza de fiscal más en León y Valladolid.
Por su parte, los Reales Decretos 559/2026 y 560/2026 han creado nuevas unidades judiciales y plazas para el Ministerio Fiscal. En concreto, en la carrera judicial se han incorporado cinco plazas en el Tribunal de Instancia de Valladolid, tres en el Tribunal de Instancia de León y una en la Audiencia Provincial de León y en los tribunales de instancia de Salamanca, Ávila, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.
En cuanto a la carrera fiscal, se ha creado una plaza en las fiscalías provinciales de Burgos, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.
Sin embargo, según denuncia CCOO, ninguna de estas incorporaciones ha supuesto un aumento de las plantillas de personal que integran las oficinas judiciales y fiscales. Esta situación afecta tanto a los cuerpos generales —Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial— como a los letrados y letradas de la Administración de Justicia.
El sindicato advierte de que, en las localidades afectadas, esta falta de refuerzo supone un incremento de las cargas de trabajo que considera «absolutamente inasumible» con el personal actual para atender los asuntos asignados a las nuevas unidades judiciales y fiscales.
Las plazas que reclama el sindicato
CCOO considera que la creación de nuevas plazas judiciales y fiscales exige incorporar el personal necesario para tramitar y ejecutar sus resoluciones. Para los territorios de gestión directa del Ministerio de Justicia —Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Ceuta y Melilla, además de Castilla y León—, el sindicato estima necesarias 79 nuevas plazas de letrados de la Administración de Justicia (LAJ), 214 de Gestión Procesal, 383 de Tramitación Procesal y 139 de Auxilio Judicial.
De ese total, Castilla y León necesitaría 14 plazas de LAJ, 35 de Gestión Procesal, 69 de Tramitación Procesal y 25 de Auxilio Judicial, lo que suma 143 plazas.
CCOO advierte de que, si las plantillas de personal funcionario no aumentan en la misma proporción que las de jueces y fiscales, la medida resultará inútil. En ese escenario, sostiene el sindicato, la sobrecarga de trabajo en los tribunales y fiscalías seguirá siendo habitual y el servicio público de la Administración de Justicia continuará siendo igual de lento e ineficaz que en la actualidad.
