La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, en la línea de lo ocurrido en años anteriores desde el comienzo de su funcionamiento, también en 2021 ha incrementado el trabajo desarrollado como garante del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. Así lo pone de manifiesto el hecho de que el último año ha sido en el que más reclamaciones han presentado los ciudadanos y en el que mayor número de resoluciones se han dictado.
En efecto, en el sexto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia se presentaron 496 reclamaciones, por lo tanto 167 más que en 2020. Más de la mitad de estas reclamaciones fueron realizadas por algún medio electrónico, incrementándose de forma muy relevante el número de ocasiones en las que se utilizó la sede electrónica de la Comisión (240 en 2021, por 124 el año anterior).
Del total de las 496 reclamaciones recibidas, 374 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 75,4 %); de las cuales 311 correspondieron a ayuntamientos, 47 a entidades locales menores, 15 a diputaciones provinciales y una a una mancomunidad; siendo destacable que casi una tercera parte de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales han sido presentadas por cargos representativos; en concreto 122, de las cuales 95 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 24 por vocales de juntas vecinales y 3 por diputados provinciales. En cambio, 107 reclamaciones se presentaron frente a la Administración autonómica.
En 381 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta a la petición de información realizada a la propia Administración, habiéndose incrementando respecto al año anterior el porcentaje de reclamaciones interpuestas frente a la falta de contestación a solicitudes de información; por lo tanto, más de 3 de cada 4 reclamaciones tuvieron su origen en una falta de respuesta previa de la Administración correspondiente.
En el caso de las 115 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones correspondientes, los motivos utilizados de forma más frecuente para no proporcionarla han sido la protección de datos personales, el carácter abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y el perjuicio para intereses económicos y comerciales. Como ocurrió en años anteriores, el tipo de información solicitada por los ciudadanos cuya denegación ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las tres materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia han sido las relativas a las actuaciones de carácter urbanístico, la información económica y de contratación, y la protección del medio ambiente.
En 2021, la Comisión de transparencia ha adoptado260 resoluciones, 9 más que las formuladas en 2020. En 148 de estas Resoluciones se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Estas Resoluciones estimatorias han sido 16 más que en 2020. En 128 de estos supuestos, las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 15 de las resoluciones estimatorias se formularon a la Administración autonómica. El contenido completo de todas las resoluciones emitidas se halla publicado en la página electrónica del Comisionado de Transparencia.
Las resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en concreto, en 2021 las tres sentencias judiciales dictadas en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta. Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 51 ocasiones, una vez que ha intervenido la Comisión ante lapresentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad concernido por la solicitud de información ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a la información solicitada, aun antes de que la Comisión de Transparencia hubiera dictado la resolución correspondiente
