El Pleno del Consejo de Cuentas ha aprobado las directrices técnicas para la fiscalización de la gestión de la receta electrónica en la Comunidad, un trabajo con un enfoque pionero en el ámbito de las instituciones de control externo de España.
Dentro del sector público autonómico, el Consejo efectúa un especial seguimiento de los principales gastos presupuestarios de la Comunidad. El ámbito sanitario constituye la principal política de gasto que, según la liquidación presupuestaria, en 2024 ascendió a 5.123 millones de euros. De dicha cantidad, el 16,8% corresponde a las facturas emitidas por los colegios oficiales de farmacéuticos destinadas al pago de las recetas.
La auditoría iniciada es carácter operativo y, como tal, "tratará de identificar oportunidades de mejora". El estudio se centrará en una revisión técnica del funcionamiento y control de los sistemas específicos que soportan los procesos de la receta electrónica, así como de la protección de los activos de información y los servicios prestados conforme al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa relativa a protección de datos.
En concreto, se valorará el nivel de implantación de la receta electrónica, tanto a nivel de accesibilidad como de seguridad; se realizará un seguimiento para determinar el nivel de calidad en la prestación del servicio; y se analizará la facturación generada y su control.
La competencia de la gestión de la receta electrónica en Castilla y León recae principalmente en la Gerencia Regional de Salud (GRS), dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El organismo autónomo ejerce esta competencia en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL).
El análisis se limita al gasto en recetas de farmacia, que se contabiliza en el subprograma «Atención primaria», en el subconcepto «Farmacia» de la liquidación del presupuesto de gastos. En el año 2024 dicho gasto ascendió a 860 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% respecto al ejercicio 2020.
Queda excluido, por tanto, el consumo de medicamentos y productos sanitarios realizado en los hospitales de la red pública, que ya fue objeto de estudio en un anterior informe del Consejo de Cuentas.
El gasto ha aumentado en todas las provincias de la Comunidad. La provincia donde más se ha incrementado es Valladolid (24,1%), seguida de Segovia (23,6%), Salamanca (23%) y Palencia (21,1%). Soria es donde menos ha crecido (15,6%). En el caso de Zamora, el aumento ha sido del 18%.
