El Consejo de Cuentas presidido por Mario Amilivia aprobó esta mañana en un Pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León el informe “Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2024”.
El informe, una vez remitido al Parlamento autonómico, será publicado en los próximos días por el Consejo de Cuentas en su página web institucional.
Es una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.
El informe recoge que, en 2024, según los datos del Registro Público de Contratos de Castilla y León, excluida la contratación menor, se formalizaron 2.922 contratos por importe de 1.487 millones de euros. Se produce un incremento del 12% en el importe total respecto a 2023, si bien el número de expedientes formalizados de un 5% inferior. Aunque no son objeto de esta fiscalización, el número de contratos menores y “aprobaciones de gasto” ascendió a 21.474 anotaciones por importe de 102 millones.
Analizando los datos que ofrece la serie histórica del informe, el volumen económico de la contratación administrativa en 2024 alcanza el mayor registro, superando así en 1 millón de euros la anterior cota del ejercicio 2006, cuando se cifró en 1.486 millones de euros, antes de irrumpir la crisis internacional.
La entidad que gestiona mayor contratación en 2024, tanto en número de expedientes como en importe, es la Gerencia Regional de Salud (1.055 contratos por cuantía global de 892 millones), seguida en cuantía por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital (138 millones y 125 expedientes).
Por tipo de contrato, los de servicios suman 836 millones, seguidos de los expedientes de suministro (390 millones) y los de obras (256 millones). Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (984 millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.400 millones).
En función de los expedientes examinados, la opinión del informe expresa que la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable a sus actuaciones relativas a la obligación de remisión de contratos al Consejo de Cuentas, a la publicidad y transparencia de los procedimientos de contratación y a la regularidad de sus actuaciones preparatorias, su adjudicación, ejecución y extinción, con las salvedades observadas.
Los órganos de contratación cumplen razonablemente con las obligaciones de publicidad en el perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Con carácter general, en los contratos de la muestra en los que era preceptivo, se ha publicado el anuncio de licitación. No obstante, se han observado algunos incumplimientos y/o retrasos en varios expedientes.
Para los contratos sujetos a regulación armonizada no constan incidencias en el envío al Diario Oficial de la Unión Europea de los anuncios de licitación. No obstante, no se ha remitido el anuncio de adjudicación/formalización de 10 contratos, de los que 9 están basados en un acuerdo marco; y tampoco se ha realizado la publicación del anuncio de modificación en 4 contratos.
También se han detectado incumplimientos puntuales en el procedimiento de contratación. En la revisión de las actuaciones preparatorias y, en particular, de los pliegos de cláusulas de los 76 contratos incluidos en la muestra de formalizaciones, excluidos los basados en acuerdos marco, se ha observado la falta de una adecuada justificación en 7 de los 14 expedientes tramitados de urgencia.
Además, se advierte la falta de una correcta definición de la clasificación o los medios establecidos para acreditar la capacidad y solvencia en 9 contratos.
Asimismo, los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas no están definidos correctamente o no están adecuadamente ponderados, ninguno relacionado con la valoración de la oferta económica, en 7 contratos.
También se detecta en los pliegos, por diferentes deficiencias, una incorrecta determinación de los parámetros para identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados en 29 contratos.
En la fase de adjudicación y formalización, en un contrato se observan indicios de una posible actividad concertada, por tres empresas, para evitar la competencia en la presentación de las ofertas.
También se advierte falta de motivación en la puntuación asignada a los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, al considerar aspectos no previstos inicialmente en el pliego, en 4 contratos, o no aportar los informes técnicos de valoración de las ofertas, en otros 3 expedientes. Además, se producen incidencias en tres contratos en relación con la exclusión de licitadores o con la tramitación del procedimiento establecido al efecto, en los casos en los que se presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja. Estas salvedades también se observan entre los contratos basados en un acuerdo marco.
En la fase de ejecución, en 56 expedientes que incluyeron condiciones especiales de naturaleza social, ética, medioambiental o de otro orden, no se han establecido mecanismos de comprobación, no ha quedado constancia en el expediente de las verificaciones realizadas o presentan otras incidencias.
En 4 expedientes se observa la falta de imposición de las penalidades correspondientes por incumplimiento del contratista y en 16 se producen paralizaciones o retrasos injustificados en la ejecución del contrato. Además, en 7 se abonaron anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios de materiales, sin los requisitos preceptivos.
Finalmente, en la fase de extinción de los contratos, en 12 falta la elaboración del acta de recepción, o no cuenta con las formalidades y en los plazos señalados en el pliego de cláusulas.
El Consejo de Cuentas, en función de los resultados de la fiscalización, realiza 14 recomendaciones orientadas a evitar incidencias en los procedimientos de la contratación administrativa de la Comunidad.
