El Consejo de Cuentas ha cerrado el ejercicio 2021 con la aprobación de un total de 32 informes, cifra que supone el máximo anual de toda la serie histórica de la Institución. Durante el presente mandato se han realizado un total de 65 informes, lo que representa el 27% de los 238 acumulados desde que el órgano de control externo publicó su primera auditoría en 2005.
Además, en el ejercicio 2021, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha comparecido en ocho ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para la presentación de 14 fiscalizaciones.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones que emite el Consejo de Cuentas, el reciente análisis referido a los informes de 2020 refleja un grado de aceptación por parte de las entidades fiscalizadas del 81%, porcentaje que comprende tanto aquellas que se han cumplido total o parcialmente, como las que han sido tomadas en consideración. En el año 2019 el porcentaje de aceptación fue del 69%, por lo que la evolución interanual presenta un notable incremento de 12 puntos porcentuales, alcanzado también un nuevo máximo de la serie histórica.
Situación actual de los trabajos de fiscalización. La actividad del Consejo de Cuentas, que mantiene para su plantilla un sistema mixto de teletrabajo y presencial con motivo de la pandemia del coronavirus, se concreta en la actualidad en un total de 20 fiscalizaciones en proceso de elaboración, 10 correspondientes al sector público autonómico y otras 10 sobre entidades locales de la Comunidad.
Con relación al Plan Anual de Fiscalizaciones para 2022, su aprobación por la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León deberá esperar al inicio de la próxima Legislatura, una vez disuelto el Parlamento para la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.
No obstante, entretanto el Consejo de Cuentas podrá iniciar las fiscalizaciones que realiza por mandato legal y las que sean planteadas en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Las fiscalizaciones de mandato legal son la Cuenta General de la Comunidad, el Fondo de Compensación Interterritorial, la Contratación de la Administración Autonómica y el Informe Anual sobre el Sector Público Local, así como las específicas sobre la contabilidad electoral de los partidos políticos.
En este sentido, el Pleno del Consejo de Cuentas ha comunicado a la Diputación Permanente de las Cortes la situación de los trabajos tras la convocatoria de elecciones. En el escrito se reitera además la necesidad de reformar la Ley reguladora del Consejo de Cuentas para este pueda aprobar su propio plan anual de fiscalizaciones sin depender, como ocurre en la actualidad, de la decisión última de las Cortes. El Consejo de Cuentas de Castilla y León es el único de los órganos de control externo autonómicos (OCEX) que no tiene potestad para aprobar su propio plan de fiscalizaciones anual.
Esta reivindicación ya planteada a los grupos parlamentarios durante toda la legislatura forma parte de una propuesta de reformas normativas para avanzar en la independencia y autonomía orgánica y funcional de la Institución al objeto de continuar mejorando el servicio que presta a los ciudadanos de Castilla y León.
Las modificaciones, conforme a los objetivos fijados en el Plan Estratégico del Consejo de Cuentas 2019-2022, se refieren también a aspectos como la duración del mandato de los consejeros, en coherencia con lo establecido en otros OCEX, o a la aplicación de un nuevo régimen para el personal que mejore las condiciones profesionales para facilitar la incorporación de nuevas plazas.
Además, la propuesta de reformas normativas incorpora estímulos a la rendición de cuentas y a la reducción de sus plazos en el sector público local, en sintonía con la moción elevada recientemente por el Tribunal de Cuentas de España a las Cortes Generales.
