Las Cortes de Cortes de Castilla y León tienen hasta el 10 de julio para designar a los tres senadores que representan a la Comunidad en la Cámara Alta, un trámite que deberá resolverse en pleno y que vuelve a poner el foco en el reparto político entre los dos grandes grupos de la Cámara: el PP y el PSOE.
Según fuentes de la Presidencia de las Cortes citadas por la agencia ICAL, el plazo legal de 60 días comenzó a contar tras la constitución de la Cámara el pasado 14 de abril, dentro de la XII Legislatura. Ese cálculo inicial se trasladó de forma errónea en una comunicación interna que situaba el vencimiento el 25 de junio, pero la fecha correcta es septiembre.
Dos senadores para el PP y uno para el PSOE
La distribución ya está fijada en función de los resultados electorales del 15 de marzo: dos senadores serán propuestos por el Grupo Popular y uno por el Grupo Socialista.
La Mesa de las Cortes acordó el procedimiento en su reunión del 28 de abril, en aplicación de la normativa vigente, reformada en 2022 para evitar bloqueos en la designación.
La elección se realizará en un único pleno mediante votación secreta con papeletas, en las que los procuradores podrán marcar a los candidatos de su elección. Serán designados senadores aquellos que obtengan más apoyos, independientemente del número total de votos válidos.
La ley establece que la designación debe producirse entre los 30 y los 60 días posteriores a la constitución de la Cámara. Ese margen obliga a las Cortes a cerrar el acuerdo antes del 11 de septiembre, evitando así la prórroga del procedimiento.
Los senadores designados por la Comunidad podrán, además, comparecer voluntariamente ante la Comisión de Reglamento para informar sobre su actividad parlamentaria.
La terna actual y los cambios recientes
En la actualidad, los senadores autonómicos son el popular Vidal Galicia Jaramillo y Javier Maroto, junto al socialista Luis Tudanca, que sustituyó al anterior representante del PSOE tras su renuncia.
La figura de los senadores autonómicos ha ganado relevancia en los últimos años tras la reforma del sistema de designación, que introdujo la elección por voto del pleno de las Cortes.
Con el nuevo proceso en marcha, la Cámara afronta ahora una renovación que, según informó ICAL, deberá resolverse antes de la fecha límite de septiembre, en un contexto que vuelve a reflejar el equilibrio político de la Comunidad en la representación territorial del Estado.
