La Asociación de Directivos de Centros Públicos de Castilla y León (Adicale) recalcó hoy su “profunda preocupación” y “disconformidad” ante diversas situaciones y “graves irregularidades” que afectan “de manera significativa” al funcionamiento de los centros educativos en la Comunidad. En un escrito recogido por Ical, aseguran no atribuir la responsabilidad de la situación a la Consejería de Educación sino a las áreas competentes en materia de función pública y presupuestos.
Tras subrayar que la educación pública, igual que la sanidad o los servicios sociales, es “uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta cualquier sociedad”, denuncian la falta de Sustitución de Personal Administrativo en Centros Educativos. En ese sentido, lamentan la decisión de no sustituir vacantes de puestos administrativos en los centros educativos, especialmente cuando se generan debido a las jubilaciones. “Esta medida está afectando, de manera significativa, a numerosos centros públicos en la autonomía, donde algunos llevan sin personal administrativo cerca de un año”, valoran.
Para la asociación, esa realidad impacta “directamente” en la calidad de los servicios que ofrecen a los alumnos y sus familias, mientras la carga de trabajo recae “injustamente” en los equipos directivos, que asumen funciones para las cuales no estamos designados.
Otra de sus denuncias principales está relacionada con el incumplimiento en los libramientos anuales de presupuesto, el último de los cuales “no se ha llevado a cabo, ni se tiene previsión de que se vaya a efectuar”. Este incumplimiento, auguran, afectará a la viabilidad financiera de numerosos centros, ya que el 40 por ciento restante de los fondos anuales, que normalmente se libera en noviembre, no se materializará según lo previsto.
“La noticia de que algunos centros podrían recibir fondos en una cuantía sustancialmente menor de lo presupuestado es alarmante. Algunos de ellos ya presentan saldos deficitarios de veinte o treinta mil euros, lo cual compromete seriamente su capacidad para ofrecer una educación de calidad, así como compromete los pagos, especialmente a los proveedores y empresas locales”, censuran.
Por ello exigen que se garantice que los centros educativos públicos reciben los recursos financieros necesarios para su adecuado funcionamiento. “La falta de presupuesto compromete no sólo la calidad de la Educación, sino también nuestra estabilidad económica y la continuidad de los servicios esenciales”, añaden.
“Adicale exige a las autoridades competentes una pronta revisión de estas decisiones que afectan directamente a la labor de los centros educativos y, por ende, a la formación de las futuras generaciones. La asociación se encuentra abierta al diálogo y colaboración con las autoridades pertinentes para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de nuestra comunidad educativa”, concluyen.
