El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha logrado reducir en Castilla y León un 29,2% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, según se desprende de un informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el conjunto de España, la prestación ha contribuido a reducir esa brecha en un 30,3% esta brecha.
El análisis muestra que en Castilla y León el IMV ha alcanzado el 19,7% de los hogares en situación de pobreza, si bien su diseño permitiría llegar al 47,7% de este colectivo, mientras que en el conjunto nacional ha llegado al 21,3% de los posibles perceptores, cuando podía hacerlo al 54,6%.
En este sentido, el informe apunta que si el IMV hubiera desplegando todo su potencial, la reducción de la brecha de pobreza en el conjunto de España hubiera sido del 58,2% y del 52,8% en Castilla y León. Por encima de la media se sitúan Melilla (69,2%), Principado de Asturias (66%), Ceuta (64,4%), Andalucía (62%), Canarias (60,9%), Región de Murcia (59,7%), Aragón (58,9%) y La Rioja (58,5%). Por el contrario, el efecto potencial de la prestación es menor en Castilla-La Mancha (52,1%), Castilla y León (52,8%) y Cataluña (54,3%).
Mientras tanto, el impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado, situándose en el 9,5% en el conjunto de España y un ocho por ciento en Castilla y León. No obstante, aplicando todas las capacidades del IMV, la tasa de pobreza se reduciría un 16,2% a nivel nacional y un 14% en Castilla y León.
Por otra parte, Baleares (67 por ciento), Cataluña (66 por ciento) y Castilla-La Mancha (60 por ciento) registran las mayores tasas de ‘non take-up’, baremo que mide el porcentaje de potenciales beneficiarios que, aun cumpliendo los requisitos, no perciben la prestación. La media nacional se sitúa en el 55%, dos puntos por encima de la registrada en Castilla y León. Por provincias, Soria y Palencia se encuentran entre las que registran una menor tasa de ‘non take-up’.
A nivel nacional, a finales de 2024, la prestación alcanzaba un coste de 3.106 millones al año, que se elevaría a 6.145 millones si alcanzara todo su potencial y a 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza (en el umbral del 40% de la renta mediana equivalente).
En el informe también se analiza el tiempo mediano de tramitación de los expedientes aprobados y se apunta que sigue una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2024 con niveles superiores a 150 días. Ávila, con 216 días, y Valladolid, con 210 días, son las provincias que más se demoran en la tramitación.
