La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2027 correspondiente a las áreas de su competencia, cuyas partidas crecen casi un 70 % hasta los 257,12 millones de euros.
Isabel Blanco ha situado estas cifras dentro de un Presupuesto General que asciende a 16.471,94 millones de euros, un 13,1 % más que el anterior. Estas cuentas se acompañan de una treintena de rebajas tributarias, con las que la Junta pretende combinar un mayor esfuerzo inversor con una menor presión fiscal para los contribuyentes, así como proteger a las personas, apostar por el medio rural y conectar el territorio.
De hecho, la vicepresidenta ha subrayado que se trata de un presupuesto "con una clara vocación social y territorial", ya que se centra en aquellas personas y familias que tienen más dificultades en acceder a una vivienda, en los castellanos y leoneses que residen en pequeños municipios y en aquellos colectivos que precisan de mayor protección.
Vivienda, la gran prioridad
La vivienda es el eje estratégico que concentra la mayor parte de presupuesto: 190,4 millones de euros, el 74 % de todas las partidas de la Vicepresidencia segunda. Esto supone prácticamente duplicar los recursos destinados a esta política en este inicio de legislatura. La vicepresidenta segunda ha explicado que no se trata de un crecimiento meramente cuantitativo, sino que se concentra en políticas con efecto directo sobre las personas y el territorio: alquiler para la población vulnerable, promoción de vivienda protegida, rehabilitación y movilización de vivienda vacía.
En esta línea, una buena parte de esa cuantía, 48,74 millones de euros, va dirigida al incremento de vivienda protegida a través de distintas fórmulas: promoción pública, colaboración público-privada, promoción sobre suelo privado, cooperativas y adquisición de vivienda.
Las ayudas al alquiler llegarán inicialmente hasta los 46,13 millones de euros, con una previsión de más de 22.000 beneficiarios. De esta dotación, 17,8 millones de euros corresponden a las ayudas generales al alquiler, 20,2 millones a las dirigidas a los jóvenes y 1,25 millones a colectivos vulnerables. Cabe destacar, además, 57 millones de euros en beneficios fiscales en este ámbito, un 76,5 % más que en las anteriores cuentas.
Mientras, el programa ‘Rehabitare’ multiplicará casi por cuatro su dotación, extendiéndose, por primera vez, al ámbito privado. De hecho, se incorporan dos líneas nuevas para ampliar la oferta del alquiler asequible: ‘Rehabitare privado’, dotado con 3,6 millones de euros ―con el objetivo de recuperar viviendas vacías en los pueblos― y el programa ‘Alquiler seguro’, mediante la cual se pretende incorporar 2.000 viviendas al mercado del alquiler durante la legislatura y para la que se destinará medio millón de euros en la contratación de seguros.
La vicepresidenta segunda ha manifestado que se trata de las dos caras de una misma estrategia: ayudar a quienes necesitan pagar un alquiler e incentivar que más propietarios pongan sus viviendas en el mercado.
Además, la Junta contará con un presupuesto de casi 55 millones de euros para regeneración urbana y rural ―17,90 millones de euros― y ayudas a la rehabilitación energética y para facilitar la accesibilidad de las viviendas, para lo que se destinarán 37,03 millones, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir el consumo energético y facilitar su adaptación a las necesidades de las personas. Se prevé, mediante estas líneas, actuaciones en alrededor de 1.600 viviendas.
Despoblación y Ordenación del Territorio
La vicepresidenta ha subrayado que la apuesta por la vivienda viene acompañada de incrementos en todas las demás áreas de actuación de su departamento. Igualmente sucede en el ámbito de la ordenación del territorio, estrechamente ligada a abordar el reto demográfico, puesto que esta herramienta es imprescindible para frenar la despoblación. En este contexto, se están tramitando 40 instrumentos de ordenación del territorio, que movilizan inversiones superiores a los 600 millones de euros y afectan a más de 1.900 hectáreas de suelo, frente a los once que se tramitaban al comienzo de la legislatura anterior.
En esta línea, otro de los objetivos de la Junta en este ámbito es reforzar y modernizar el centro de información territorial. Por ello, se va a continuar desarrollando el Sistema de Información Urbanística de Castilla y León, donde pueden consultarse los planeamientos urbanísticos municipales, así como las categorías de suelo y otros datos de especial interés. El Ejecutivo va a continuar apostando por la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León, un portal de mapas y herramientas digitales con información cartográfica y geográfica útil para empresas, ciudadanos y administraciones.
Así, se va a lanzar el nuevo Portal del Suelo, con información sobre parcelas públicas disponibles tanto para uso residencial como dotacional, con el propósito de facilitar la planificación urbanística y favorecer la implantación de nuevas actividades económicas.
Cabe destacar, en lo que respecta al Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, éste contará el próximo ejercicio con un presupuesto un 22,4 % superior al de las cuentas anteriores, ya que pasa de 11,4 millones de euros a casi 14 millones. 4,4 millones de euros están dirigidos a uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Comunidad, como es hacer frente al reto demográfico, lo que supone un incremento de más del 100 % de las partidas destinadas a sufragar proyectos impulsados por entidades locales y otras organizaciones.
En este ámbito y con el objetivo de dinamizar la demografía, la principal novedad son los proyectos semilla, mediante los cuales se realizarán alrededor de 90 actuaciones para favorecer el arraigo, atraer nuevos pobladores y generar oportunidades en el medio rural. En esta línea, está prevista la concesión de 59 subvenciones por más de 3,5 millones de euros.
Modernización del sistema de Protección Civil y Emergencias
Protección Civil y Emergencias crecerá un 39,7 % hasta los 28,3 millones de euros, entre cuyas partidas se encuentra la contratación de un segundo helicóptero de rescate con base en León, así como el inicio de los trabajos de la nueva sede del 112.
En este sentido, se va a realizar una inversión de 3,5 millones de euros para modernizar la plataforma tecnológica del Servicio de Emergencias 1-1-2, un recurso clave puesto que permite gestionar e integrar la información que se genera en la tramitación de incidentes, desde datos personales hasta las actuaciones, recursos, agentes y organismos que se movilizan. A esta partida hay que sumarle 5,4 millones de euros para la explotación y el mantenimiento de un servicio que el 2025 dio respuesta a 351.682 incidentes, 964 al día.
Además, se va a aumentar casi un 58 % la inversión del parque móvil de Protección Civil hasta los 3,3 millones de euros, y se va a poner en marcha una nueva línea de ayudas de 1,6 millones para que los ayuntamientos recuperen los servicios públicos esenciales tras catástrofes de especial gravedad.
También se va a incrementar la capacidad operativa del Centro Coordinador de Emergencias mediante una asignación de 4,12 millones de euros, que va a ver reforzados tanto sus recursos como su plantilla, que va a pasar de 13 a 24 técnicos que cubren las 24 horas del día. La Unidad de Apoyo Logístico duplica su personal, de 8 a 16, mientras que se las delegaciones territoriales se robustecerán con 18 técnicos especializados, dos por provincia.
Por último, la Vicepresidencia segunda pondrá en marcha un segundo Grupo de Rescate y Salvamento, con base en Sahechores de Rueda, en León, para mejorar la cobertura de la zona norte de la Comunidad y así continuar reforzando los medios de rescate.
Apuesta por la Igualdad de Oportunidades
En cuanto al área de Mujer e Igualdad de Oportunidades, su presupuesto crecerá un 27,3 % hasta alcanzar los 24,1 millones de euros. El fomento del empleo femenino concentra casi 5 millones, una partida que se cuadriplica en comparación con las anteriores cuentas. En este ámbito, destacan los 3 millones de euros destinados a ayudas al empleo y el emprendimiento femeninos y los 600.000 euros para la promoción y el ascenso profesional de las mujeres, junto con los 200.000 de Programa Empleo Mujer ―Pemcyl― para mejorar la empleabilidad de mujeres vulnerables.
Los programas ‘Capacita’ y ‘Multiplica’ van un paso más allá. Dotados con 360.000 euros y 108.000 euros respectivamente, su objetivo es ayudar a las mujeres a consolidar su trayectoria profesional. El primero de ellos consiste en itinerarios personalizados para formar e insertar laboralmente a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, mientras que el segundo promueve la igualdad en las empresas mediante información, capacitación y asesoramiento.
Desde la Vicepresidencia segunda se va a seguir apostando por la integración de las jóvenes estudiantes en las carreras universitarias y grados de formación profesional de perfil técnico, mediante programas y recursos cuyo valor asciende a los 440.000 euros.
El Gobierno autonómico, en el ámbito de la igualdad de oportunidades, presta especial atención a las mujeres del medio rural. Por ello, promueve el asociacionismo y la participación mediante 150.000 euros, apuesta por la corresponsabilidad con una partida de 576.275 euros ―un 24,7 % más que en las anteriores cuentas― y refuerza la colaboración con diputaciones, ayuntamientos y entidades sociales, con aportaciones de 1,8 millones de euros y 2,5 millones respectivamente.
En materia de prevención y lucha contra la violencia de género, el presupuesto para campañas de sensibilización se duplica hasta los 1,15 millones, mientras que, para la Red de Atención y Protección a las Víctimas, integrado por cinco centros de emergencias ―65 plazas― y trece casas de acogida ―151 plazas―, aumentará sus partidas un 50 % hasta los casi 2,2 millones de euros, incluida la previsión de ampliar de diez a quince las plazas especializadas para mujeres con enfermedad mental.
El servicio Atiendo, que presta asistencia integral a las víctimas de violencias sexuales a través de sus nueve centros provinciales y su servicio virtual permanente, contará con 2 millones de euros. Además, el servicio de atención psicológica especializada a víctimas de violencia machista también incrementará su asignación, pues crece en 100.000 euros hasta los 550.000 euros.
La Junta continuará implementando el programa ‘Atrapadas’, para la atención integral a mujeres que viven en contextos de prostitución, pero también a víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como aquellas iniciativas destinadas a fomentar la contratación de las víctimas de la violencia machista o a facilitar el acceso a una vivienda.
