IU acusa a la Junta de dejar sin tramitar el 40% de denuncias medioambientales

Izquierda Unida ha acusado a la Junta de Castilla y León de "grave dejadez" por "mirar hacia otro lado" en un 40% de denuncias medioambientales sin tramitar, ya que la Consejería de Medio Ambiente no inició 4.318 expedientes y dejó "prescribir o caducar" otros 1.440 entre 2023 y 2025.

En un comunicado recogido por Europa Press, la formación ha señalado que la propia Consejería de Medio Ambiente "ha reconocido que no ha tramitado o ha dejado caducar cuatro de cada diez denuncias presentadas por agentes medioambientales entre enero de 2023 y diciembre de 2025".

Según los datos, conocidos a través de eldiario.es y trasladados al Procurador del Común, de las 14.898 denuncias interpuestas en ese periodo, 4.318 no llegaron a iniciar su procedimiento y otras 1.440 prescribieron o caducaron.

En total, el 38,6% de las infracciones ambientales, relacionadas principalmente con caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales, quedarían sin sanción debido a la "inacción administrativa".

IU ha subrayado que, además, el informe del Procurador del Común recoge una advertencia expresa sobre las consecuencias de esta situación que genera "desconfianza" entre los agentes de la autoridad encargados de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental.

En este sentido, el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha lamentado que "Mañueco presume de defender el medio rural y el medio ambiente, pero la realidad demuestra lo contrario" porque "entierra cuatro de cada diez denuncias por falta de voluntad política y de recursos".

Gascón ha insistido en que "no es un problema de financiación, sino de permisividad con los incumplimientos de la ley", y ha advertido de que esta situación favorece la repetición de conductas ilegales como la caza o pesca furtiva, además de "restar autoridad a los agentes medioambientales".

Ante esta situación, IU ha anunciado el registro de varias iniciativas dirigidas a la Consejería de Medio Ambiente, como una en la que reclama la puesta en marcha de un plan de choque para desbloquear los expedientes paralizados y evitar nuevas prescripciones.

Asimismo, exige la convocatoria "urgente" para cubrir todas las plazas vacantes de instructores jurídicos en los servicios territoriales y, por otro lado, plantea el refuerzo de personal en todas las provincias y la modificación de la RPT para equiparar Salamanca al resto, con la incorporación de un tercer instructor jurídico.