La Junta de Castilla y León ha elevado el tono frente al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y ha anunciado que estudia presentar un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que lo regula. El Ejecutivo autonómico cuestiona tanto el procedimiento seguido para su elaboración como algunas de las medidas incluidas en el documento, aunque ha respaldado el reparto de fondos estatales con el objetivo de garantizar la llegada de financiación a la Comunidad.
La postura fue defendida durante la Conferencia Sectorial de Vivienda por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien mostró el malestar de la Junta por lo que considera una escasa participación de las comunidades autónomas en la elaboración del plan.
La principal crítica se centra en que las autonomías, pese a ser las encargadas de ejecutar y cofinanciar las políticas de vivienda, no han participado de manera efectiva en la definición del nuevo modelo.
Desde la Junta consideran especialmente cuestionable que el contenido definitivo fuese conocido una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado y sin una aprobación previa en la Conferencia Sectorial.
Otro de los puntos de fricción se encuentra en algunas medidas ligadas al mercado del alquiler. El Ejecutivo autonómico rechaza especialmente aquellas medidas que vinculan la recepción de fondos estatales a la aplicación de limitaciones en las denominadas zonas tensionadas.
Castilla y León sostiene que las medidas de intervención en el mercado no han dado resultados positivos y pueden generar el efecto contrario al buscado: una reducción de la oferta de viviendas en alquiler.
Pese a las diferencias, la Comunidad apoyó finalmente los criterios de reparto económico para evitar perder financiación destinada a políticas de vivienda.
En el caso de Castilla y León, el Estado aportará 228 millones de euros durante los próximos cinco años, mientras que la Junta asumirá una aportación adicional de 152 millones, además de otras inversiones y medidas propias que elevarán el esfuerzo económico autonómico por encima de los 300 millones de euros durante la legislatura.
El Gobierno autonómico considera, sin embargo, que la aportación estatal resulta insuficiente y reprocha que el nuevo modelo reduzca el porcentaje de financiación asumido por el Estado mientras incrementa el esfuerzo económico exigido a las comunidades autónomas.
Desde la Junta insisten en que aprovecharán todos los instrumentos útiles incluidos en el Plan Estatal y los complementarán con medidas propias para facilitar el acceso a la vivienda, aunque mantienen abiertas posibles acciones legales frente a aquellos aspectos que consideren perjudiciales para Castilla y León.
El consejero también aprovechó la reunión para referirse a la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el registro estatal de viviendas turísticas, interpretándola como una muestra más de lo que considera una invasión competencial y una falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
