Una agrupación de municipios es una figura administrativa prevista en la Ley de Bases de Régimen Local para que varios municipios puedan compartir un mismo funcionario habilitado nacional (es decir, un secretario-interventor, secretario, interventor, o tesorero) cuando no tienen los recursos suficientes para sostener uno o varios de estos puestos de forma individual. En Castilla y León, estas agrupaciones de municipios son vitales para la correcta gestión diaria de los asuntos locales en los pequeños ayuntamientos. En la actualidad, Castilla y León cuenta con 609 agrupaciones de este tipo, que engloban a 1.709 de los 2.248 municipios de la Comunidad.
Al igual que constituir una nueva agrupación de municipios es una decisión importante para asegurar la viabilidad de los servicios públicos en los pueblos, disolverla también lo es, especialmente cuando ciertos municipios puedan haber conseguido la capacidad económica suficiente como para sostener uno de estos puestos en solitario, o cuando, debido a los cambios históricos de la realidad administrativa o territorial de las comunicaciones o de los planes de gestión local de las diputaciones, quieran entrar a formar parte de otra agrupación de municipios.
Las diputaciones provinciales de Castilla y León ya tienen delegada la competencia para constituir estas agrupaciones de municipios. Dicha delegación fue establecida a través de Decreto autonómico en el año 1990, bajo el convencimiento, compartido por la Junta y las diputaciones, de que estas instituciones son las que mejor conocen las necesidades específicas del conjunto de municipios en cada una de sus provincias, en coherencia con el llamado ‘principio de subsidiariedad’. Además, esta delegación de competencias permite agilizar estos procedimientos y ahorrar trámites burocráticos a las administraciones implicadas.
Si la competencia para la constitución de agrupaciones de municipios para el sostenimiento de estos puestos ya estaba delegada, parece lógico que se deba también delegar la competencia para su disolución. Precisamente, este fue un compromiso anunciado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en su comparecencia de legislatura en las Cortes.
La Consejería ha dado un nuevo importante paso para cumplir este compromiso, dentro de las fases y los trámites preceptivos y necesarios para hacerlo realidad: la constitución de la llamada Comisión Mixta de Transferencias, un órgano de diálogo entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales con el objetivo de estudiar la delegación de esta competencia, así como su seguimiento una vez se haya materializado. Se da así cumplimiento a la Ley de Régimen Local de Castilla y León, que prevé la creación de una Comisión de este tipo siempre que se desarrolle cualquier proceso de delegación de competencias autonómicas a las entidades locales.
La Comisión Mixta de Transferencias está presidida por el director de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Emilio Arroita, y a ella también pertenecen, en calidad de vocales, la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León, María Isabel Campos, y un representante de cada una de las diputaciones provinciales.
Esta Comisión Mixta ya ha dado el informe favorable a la nueva redacción del Decreto que vendrá a modificar la citada norma de 1990, con el objetivo de añadir la delegación de la competencia a las diputaciones para la disolución de agrupaciones de municipios, al igual que recoge la de la Constitución. Tras este trámite, dicho Decreto tendrá que ser definitivamente aprobado por la Junta de Castilla y León.
En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “con la creación de la Comisión Mixta y la futura modificación del Decreto, damos un paso más en nuestro compromiso con el municipalismo y con el medio rural, mejorando la gobernanza local y acercando lo más posible las decisiones a los vecinos de cada municipio, tal y como recoge nuestro Estatuto de Autonomía”.
