La Junta de Castilla y León ha presentado este martes el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, que asciende a 16.471,94 millones de euros, un 13,11% más que las últimas cuentas aprobadas, correspondientes a 2024. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido unas cuentas que priorizan el gasto social, el acceso a la vivienda, el transporte público y el impulso a los sectores productivos.
El proyecto llega después de dos ejercicios consecutivos, 2025 y 2026, con los presupuestos de 2024 prorrogados. Su presentación abre ahora la tramitación parlamentaria para que la Comunidad pueda disponer de nuevas cuentas el próximo año.
Más de ocho de cada diez euros del gasto no financiero gestionado por las consejerías se destinan a políticas sociales. En concreto, las áreas de Sanidad, Educación, Protección y Promoción Social y Cultura concentran 11.250 millones de euros, el 81,94% del total de ese gasto.
Sanidad y Educación concentran buena parte del presupuesto
Sanidad dispone de 5.604 millones de euros, de los que 3.237 millones corresponden a atención especializada y 1.773 millones a atención primaria. El gasto farmacéutico alcanza los 1.326 millones, mientras que el transporte sanitario cuenta con 154 millones.
Educación suma 3.308 millones de euros, un 24,09% más que en las últimas cuentas aprobadas. La partida destinada a educación escolar, Formación Profesional y enseñanzas universitarias crece un 21,35%, hasta los 2.619 millones. Las universidades reciben 584 millones, un 15,71% más, y se consignan 12,6 millones para la gratuidad de la primera matrícula universitaria.
Los servicios sociales cuentan con 1.758 millones de euros. Dentro de esta área, la atención a las personas mayores dispone de 411 millones, mientras que los programas para personas con discapacidad alcanzan los 290 millones y los destinados a la infancia suman 109 millones.
Más dinero para vivienda y transporte
Una de las principales subidas del proyecto corresponde a las políticas de acceso a la vivienda, que reciben 292 millones de euros, un 46,97% más. De esa cantidad, 235 millones corresponden a asignaciones presupuestarias directas, entre ellas 80 millones para fomentar el alquiler, un 27,83% más. Los beneficios fiscales asociados a la vivienda ascienden a otros 57 millones.
