El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, ha dado a conocer este martes la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, que tiene por objeto apoyar a los municipios de menos de 5.000 habitantes en el cumplimiento de esta normativa.
De este modo, facilitarán que puedan disponer del correspondiente registro y planificar la retirada de este elemento en los plazos establecidos, teniendo en cuenta que, antes de 2028, deberán priorizarse las instalaciones y emplazamientos según su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
La retirada segura y la sustitución de cubiertas que contienen amianto en centros de trabajo de Castilla y León es uno de los programas de prevención de riesgos laborales impulsados desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha invertido durante esta legislatura más de 11 millones de euros para apoyar la retirada de este material en 592 instalaciones de Castilla y León.
Con el fin de canalizar el apoyo en la prevención de riesgos de forma eficaz, la Junta de Castilla y León informa de que ha intensificado en los últimos años la colaboración con las diputaciones provinciales para desarrollar distintos programas de prevención de riesgos laborales en el medio rural de la Comunidad.
Entre estos programas figuran la adquisición de desfibriladores destinados a los municipios de menos de 2.000 habitantes, con una inversión autonómica de 1,6 millones de euros; el Montel Seguro, destinado a la adquisición de equipos, vehículos y maquinaria de trabajadores forestales, con una inversión de 7,9 millones de euros; y el programa Seguridad Rural, destinado a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, que ha contado con un inversión de 6,7 millones de euros.
