El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la celebración del contrato de provisión de servicios de telecomunicaciones a la Junta de Castilla y León, por un plazo de cuatro años, prorrogable por otro más, por un valor de licitación de 97,7 millones de euros.
Según aclaró la Junta mediante un comunicado emitido tras el Consejo, el contrato actualmente en vigor finalizará en marzo de 2023, por lo que es necesaria una nueva licitación que garantice que se puedan seguir utilizando los servicios de telecomunicaciones sin interrupción, e introduzca mejoras y actualizaciones para seguir modernizando los servicios de telecomunicaciones corporativas. Esta nueva contratación determinará las empresas que proveerán a la Junta de los servicios de telefonía fija, de telecomunicaciones móviles, de redes privadas de datos y sus respaldos, y de accesos directos a Internet.
Además, estos servicios satisfacen las necesidades de comunicaciones de la organización y la permiten innovar, mejorando su eficacia y eficiencia, mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que, durante la gestión de la pandemia, se revelaron como “herramienta esencial” que permitió la continuidad del trabajo de los empleados públicos, mediante el acceso remoto o las videoconferencias, y la prestación de servicios esenciales como la educación virtual, la administración electrónica, el apoyo al empleo o la atención sanitaria telefónica.
El contrato se realiza por procedimiento abierto y se divide en lotes. Por un lado, se adjudicarán los servicios de telefonía fija y de telecomunicaciones móviles junto con servicios de videoconferencia y de envío masivo de mensajería móvil vía SMS de información al ciudadano. Con este nuevo contrato se simplificarán y modernizarán las infraestructuras que soportan varios de esos servicios.
Por otro lado, se licitarán servicios de redes privadas de datos, de conexiones de altas prestaciones y de accesos directos a Internet, para lo que se contará tanto con un proveedor principal como con otro alternativo; de esta manera se consiguen mejores prestaciones de rendimiento y disponibilidad. Además, la Administración autonómica podrá mejorar la protección de sus dispositivos móviles y de sus accesos directos a Internet ante riesgos de ciberseguridad.
