La Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de la Comunidad damnificadas por las borrascas de alto impacto registradas entre los días 13 y 19 de febrero de 2026, denominadas Oriana y Pedro.
Durante este periodo, Castilla y León ha sufrido precipitaciones intensas en forma de lluvia y nieve, así como fuertes rachas de viento, que obligaron a activar avisos de nivel naranja. Estos fenómenos se produjeron, además, sobre un territorio ya afectado por temporales anteriores, lo que agravó la situación hidrológica, incrementando las inundaciones y los daños en bienes, infraestructuras y servicios esenciales en numerosos municipios.
Como consecuencia, se han mantenido activadas distintas situaciones operativas del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL) en todo el territorio autonómico, con el objetivo de coordinar la respuesta ante la emergencia y minimizar sus efectos sobre la población y el entorno socioeconómico.
Desde el punto de vista jurídico, la solicitud se fundamenta en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que contempla la existencia de una situación catastrófica cuando un acontecimiento altera de forma sustancial el funcionamiento normal de una comunidad y los daños superan los medios disponibles de la propia administración.
En este caso, los efectos acumulados de las borrascas Oriana y Pedro, sumados a episodios previos, han provocado daños en viviendas y enseres, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, infraestructuras municipales y redes viarias, así como diversas afecciones medioambientales. Las entidades locales han tenido que acometer actuaciones urgentes e inaplazables para garantizar la seguridad y restablecer servicios básicos.
La citada ley prevé que, cuando la recuperación requiera la intervención de la Administración General del Estado, el Consejo de Ministros pueda declarar la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que permitiría activar medidas extraordinarias para la reparación de daños y la compensación de gastos asumidos por las administraciones locales.
Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Ejecutivo central la adopción de las medidas previstas en la normativa estatal para facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas por los temporales registrados entre el 13 y el 19 de febrero de 2026.
