La Junta urgió la celebración de una Conferencia Sectorial de Vivienda que permita repartir los fondos europeos que están pendientes y así permitir ampliar el plazo de solicitud de las convocatorias en curso. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lanzó este mensaje a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien la recordó que su departamento debe ahora reorganizar todo el área encargada de tramitar y resolver las convocatorias de ayudas públicas para la eficiencia energética en edificios colectivos e individuales, al no haber llegado los fondos del Gobierno antes de finalizar 2023, que hubiese permitido prorrogar la actual convocatoria que ha concluido el día 30 de diciembre.
El consejero, quien afeó que “no ha recibido ningún tipo de feedback de la ministra”, reclamó al Ministerio la llegada de esos fondos, “ya reconocidos para Castilla y León”, y que “no se han hecho efectivos por la falta de convocatoria de una Conferencia Sectorial”.
En segundo lugar, abogó por conocer los planes de la política de vivienda del Gobierno de España, y que hasta ahora resumió en un “rechazo” a la Ley de Vivienda. Al respecto, se mostró en contra de la “invasión de competencias” a la Comunidad Autónoma o el “intervencionismo que hace en el mercado del alquiler” que, a su juicio, “va a producir el efecto contrario al que pretenden obtener, pues va a retraer el mercado de promoción privada de vivienda de protección, también el del alquiler y favorecer la ocupación ilegal de viviendas, porque protege al ocupante en contra del propietario”.
Suárez-Quiñones abordó una tercera derivada, relativa al Bono de Alquiler Joven, y criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se enarboló la bandera de la ayuda a los jóvenes” pero “configuró unas ayudas al alquiler sin presupuesto suficiente, que además han tenido que gestionar las autonomías”.
“Nos ha cargado de trabajo, en unas competencias de vivienda ya complejas con las ayudas propias, y con un resultado muy decepcionante”, opinó el consejero, que recordó que de los 16.000 jóvenes que solicitaron las ayudas del Bono Alquiler del Gobierno, sólo llegó a uno de cada cuatro y “dejó fuera a 12.000 por falta de presupuesto”. Por ello, reclamó más fondos “para que todos los solicitantes tengan sus ayudas”.
En todo caso, señaló que los jóvenes de Castilla y León, en cambio, sí cuentan con las ayudas de la Junta, abonadas en noviembre y que “han llegado a todos los solicitantes que cumplieron los requisitos, jóvenes y no jóvenes”. “Somos la única comunidad no foral en la que las ayudas al alquiler llegan a todos”, ensalzó Suárez-Quiñones, quien cifró en más de 29 millones de euros repartidos entre 24.700 familias, en un plazo que se extendió en el tiempo para “reducir las cargas administrativas”, ya que ahora, en la convocatoria abierta hasta mediados de enero, los ciudadanos realizan la solicitud y presentan los justificantes de una sola vez.
Para agilizar ese proceso, los solicitantes que “hayan aportado una serie de datos en procesos anteriores no tienen que volver a adjuntarlos ahora si las vuelve a solicitar, con lo que facilita también este sentido la solicitud de estas ayudas”. “Solo tiene que rellenar el formulario, no aportar datos, reflejando que ya los ha aportado en una convocatoria interior, y adjuntar los recibos. No tiene que hacer más”, resumió.
Con estos mimbres, la Junta publicará la relación de beneficiarios y excluidos por no cumplir los requisitos después del verano de 2024.
Programa TUYA de vivienda
En el marco de la iniciativa de vivienda TUYA se enmarcan varios programas. Es el caso del Programa Rehabitare, desde su reactivación en los años 2015-2016 ha permitido recuperar 450 viviendas en Castilla y León, con una inversión de 21,2 millones y ponerlas en alquiler social para familias con escasos recursos, preferentemente familias jóvenes. Cuando acabe la legislatura, en 2026, serán otros 294 inmuebles, con otros 26 millones. Es decir, cerca de 750 viviendas con una inversión de en torno a 47 millones de euros. Suárez-Quiñones recordó que desde 2022 las diputaciones provinciales aportan una “parte pequeña”, pero que permite “ir a mayores objetivos”.
Se trata de una de las líneas que tiene la Junta en materia de vivienda, un capítulo que llevará en esta legislatura a construir más de 2.200 viviendas para venta y alquiler, con especial atención a los jóvenes de menos de 36 años y al medio rural. Con ventajas fiscales en estos dos ámbitos y con una inversión final que superará los 400 millones de euros.
Así, está planificada la construcción de más de mil viviendas de 60 metros cuadrados con alto grado de eficiencia energética para alquiler de familias jóvenes que, además, serán en su mayoría colaborativas (más conocidas como viviendas cohousing por reservar espacios comunes) y que estarán finalizadas en 2026.
Novedosa este año ha sido también la puesta en marcha de una línea de garantías para permitir que los jóvenes castellanos y leoneses puedan comprar su primera vivienda. Conocedores de la dificultad que arrastran para obtener un crédito hipotecario que solo les cubre el 80 por ciento del precio de adquisición de una vivienda, la Junta avala a los jóvenes menores de 36 años con hasta el 17,5 por ciento del valor de compra, de manera que con tan solo el 2,5 por ciento del coste de la vivienda obtienen un préstamo hipotecario. Hasta ahora, doce entidades financieras se han acogido por convenio a esta medida, más de 1.254 certificados emitidos por la Administración autonómica y 228 hipotecas ya firmadas. Por esta razón se ha prorrogado un año más esta línea.
Otra de las actuaciones que tiene como protagonista, además de a los jóvenes, al medio rural, es la promoción de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes con descuento para familias jóvenes, de un 20 por ciento del precio de adquisición. Desde el inicio de esta legislatura se han construido y entregado ya 48 viviendas a familias jóvenes con recursos limitados a unos precios que no podrían plantearse si tuvieran que acudir al mercado. En construcción ahora mismo hay otras 136 viviendas y con las que están en estudio sobrepasaremos las 500 viviendas construidas a final de legislatura.
Por último, mencionó las 133 viviendas de camineros (antiguas casas de personal al servicio de las obras públicas) rehabilitadas, con “alto grado de eficiencia energética”, en El Barco de Ávila, Astorga, Valencia de Don Juan, Peñaranda de Bracamonte, Ciudad Rodrigo, Soria, Medina de Rioseco, Zamora y Puebla de Sanabria. “Una actuación que, como el programa Rehabitare, pone además de manifiesto nuestro compromiso con la sostenibilidad y la circularidad pues reutilizamos inmuebles ya existentes para darles un nuevo uso sin destruir territorio”, precisó el consejero.
Todas ellas se pondrán a disposición de familias jóvenes -preferentemente-, en régimen de alquiler asequible. La previsión es adjudicarlas a lo largo del primer trimestre de 2024.
